Fundada en 2003, la constructora Hitos Urbanos del esposo de Marta Lucía Ramírez (Álvaro Rincón) ha pasado de ser una empresa respetable a estar en el centro de la polémica, con veintiún años de operaciones y una alarmante cantidad de veinticuatro expedientes judiciales. Con problemas de liquidez, la empresa se declararía en bancarrota.
Desde 2021, sus cuentas han sido embargadas en al menos nueve ocasiones, lo que ha generado desconfianza entre proveedores e inversionistas.
Hitos Urbanos no tiene con qué pagar sus deudas
Según un inversionista que prefirió mantener su anonimato, “Hitos Urbanos funciona como una pirámide. La empresa depende de nuevos proyectos para poder terminar los anteriores”.
Esta situación ha llevado a que casi ningún proveedor quiera trabajar con la constructora. De hecho, ochenta y cinco empresas han tenido que recurrir a la justicia civil para recibir el pago por sus servicios.
Un caso representativo es el proyecto Torre 90, ubicado en la carrera 15 con calle 90 en Bogotá, que enfrenta múltiples inconvenientes. “Otros proyectos de la constructora en la capital también están estancados”, afirmó una fuente cercana a la situación.
Los socios más prominentes de Hitos Urbanos incluyen a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón. También figuran Juan Bernardo Gálvez Cruz, un amigo cercano del exprocurador Fernando Carrillo, y Juan Camilo Ochoa Yepes, actual gerente de la empresa.
La situación legal de Hitos Urbanos es compleja. Según registros en el portal de la Rama Judicial, hay 220 procesos activos, de los cuales 198 corresponden a derechos de petición. “La constructora no tiene cómo pagar cumplidamente a sus proveedores”, se lee en las demandas.
Las reclamaciones son variadas: desde proveedores que exigen el pago de deudas hasta compradores que denuncian incumplimientos de hasta tres años en la entrega de propiedades.
Por ejemplo, Seguridad Atempi demandó a Hitos Urbanos por 63 millones de pesos, mientras que Inacsa lo hizo por 103 millones debido a un atraso en la entrega de productos.
El descontento entre los inversionistas es palpable. Aquellos que invirtieron en el hotel Grand Sirenis, en San Andrés, se sienten estafados al no poder disfrutar de una playa privada prometida por la constructora.
“Es un bien de uso público, y el embarcadero Tonino’s Marina ocupa el predio”, lamenta uno de los afectados.
El caso del hotel La Ermita en Cartagena también ha generado controversia. Inversionistas critican la forma en que Hitos Urbanos obtuvo su licencia de construcción, argumentando que esto pone en riesgo el estatus de Patrimonio Cultural e Histórico de la ciudad.
Gerardo Jiménez Umbarila, representante jurídico de Hitos Urbanos, defiende a la empresa, afirmando que “no es una pirámide” y que su situación se debe a las políticas del gobierno que han afectado el acceso a créditos. “Construimos con esos recursos”, agregó.
La presentadora Mónica Rodríguez compartió casos de personas cercanas que decidieron invertir en este proyecto, obteniendo resultados lamentables para sus bolsillos: “Una persona conocida compró en uno de esos proyectos en 2018 y apenas le entregaron este año. Otros dos proyectos prometían entrega en 2021, pero uno se retrasó dos años y el otro no ha avanzado”.
Con información de Casa Macondo.
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