Un apartamento que fue propiedad de la Oficina de Envigado, sujeto a extinción de dominio, fue entregado por la Sociedad de Activos Especiales – SAE, por orden del presidente Iván Duque Márquez a Carlos Arturo Escobar Marín, quien estaría liderando las “bodegas” de los uribistas.
Así lo denunció el periodista Julián F. Martínez de La Nueva Prensa, como resultado de una investigación periodística publicada hace pocas horas y compartida en redes sociales. Fico Gutiérrez, el candidato presidencial relacionado a la Oficina de Envigado.
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Este personaje, Carlos Escobar, sería un reconocido uribista que usa sus “bodegas” para difundir noticias y campañas de desprestigio en las redes sociales contra todo aquel que hable mal del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Carlos Escobar actualmente ocuparía un apartamento que fue confiscado y sometido a extinción de dominio, por ser adquirido con dineros procedentes de actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de activos o corrupción, por la Oficina de Envigado.
Según el periodista Martínez, este apartamento fue entregado en arrendamiento a 60 meses a la señora Jennifer Blanco Nieto, pariente de la compañera sentimental de Escobar, según consta en el contrato de arrendamiento No. 8580, del 20 de mayo de 2021.
Pero los que siempre habrían vivido en el apartamento son Escobar y Katherine Blanco, pagando un valor de arriendo mensual muy inferior a su valor real, de tres millones trescientos cuarenta mil pesos, cuando el valor real de ese alquiler en el mercado está entre 7 y 10 millones.
La ‘bodega uribista’ está conformada por un grupo de profesionales supervisados por Escobar Marín que trafican con calumnias a través de millares de cuentas ficticias en las redes sociales como TikTok, Twitter, Facebook e Instagram.
El periodista Martínez afirma que esta bodega inicialmente perfila a sus víctimas que pueden ser personas y organizaciones que aparecen en una carpeta secreta del Ejército, cuya información habría sido recaudada tras una orden ilegal del gobierno, sin ninguna orden judicial, de periodistas, políticos opositores, defensores de derechos humanos, abogados y organizaciones sociales.
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