La senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, recibió una solicitud formal de retractación por presuntas afirmaciones calumniosas. La acción fue interpuesta por la firma de abogados Orbes & Zúñiga, en representación de la empresa FRISBY ESPAÑA S.L. y su apoderado, Charles Dupont.
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La compañía exige a la congresista rectificar públicamente las declaraciones emitidas en su perfil de Instagram, donde calificó una disputa marcaria con la empresa como un «robo infame», una imputación que, según los demandantes, configura el delito de calumnia tipificado en el Código Penal colombiano.
La disputa por Frisby escala: Acusan a la senadora Paloma Valencia de calumnia
La comunicación, fechada el 3 de octubre de 2025 y dirigida directamente al despacho de Valencia, detalla que la senadora habría incurrido en una grave falta al asegurar que se estaba cometiendo un delito. Específicamente, el documento cita dos frases contundentes publicadas por la congresista: «todos a apoyar a Frisby ante ese robo infame que le están haciendo» y, en un comentario posterior, «Que lo copien es grave, pero que lo roben es infame».
Según el abogado Juan Felipe Orbes Rodríguez, quien lidera el caso, estas afirmaciones traspasan la línea de la libertad de opinión y constituyen una imputación directa del delito de hurto.
La firma legal sostiene que la senadora atribuyó un hecho delictivo sin que exista una sentencia penal condenatoria en firme, ni siquiera una investigación formal en curso contra Charles Dupont o la empresa, vulnerando así la presunción de inocencia.
El derecho de petición se fundamenta en el artículo 221 del Código Penal, que define la calumnia como la falsa imputación de un delito a otra persona.
Los abogados de FRISBY ESPAÑA S.L. argumentan que las expresiones de Valencia, difundidas en un medio de alcance nacional e internacional como sus redes sociales, carecen de sustento jurídico y fáctico. Advierten que estas declaraciones afectan gravemente los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la imagen de su representado, protegidos por los artículos 15 y 21 de la Constitución Política de Colombia.
Para reforzar su postura, la firma legal cita una robusta línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. Se refieren a sentencias como la T-040 de 2013, que establece la exigencia de veracidad e imparcialidad en la información, especialmente para los medios de comunicación y figuras de alta influencia social como la senadora Valencia.
Asimismo, mencionan la Sentencia T-241 de 2023, la cual reitera el deber de diligencia y comprobación antes de difundir aseveraciones que puedan afectar la reputación ajena. El documento subraya la diferencia clave entre una opinión subjetiva, que goza de protección reforzada, y una afirmación que presenta como un hecho la comisión de un delito, lo cual solo podría sostenerse con una sentencia judicial ejecutoriada.
¿Qué pide Frisby España?
La solicitud enviada a Paloma Valencia es precisa en sus exigencias. En primer lugar, se le pide retractarse públicamente de las afirmaciones en el mismo medio donde fueron publicadas, es decir, en su perfil de Instagram.
Segundo, debe aclarar de manera expresa que no existe ninguna sentencia penal condenatoria contra Charles Dupont o FRISBY ESPAÑA S.L. por el delito de hurto.
Tercero, se le pide que reconozca que sus expresiones fueron inexactas y contrarias a los principios de veracidad. Finalmente, la senadora deberá remitir una constancia verificable del cumplimiento de dicha rectificación.
El equipo legal de la empresa ha sido enfático en advertir que, en caso de incumplimiento, se iniciarán de inmediato las acciones judiciales pertinentes, incluyendo una acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales, así como las acciones penales y civiles que correspondan.
Redacción Política Pluralidad Z.
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