El gobierno de Uribe fue escenario del 78% de los falsos positivos revelados por la JEP

Falsos positivos en el gobierno de Uribe
Alarmante cifra de falsos positivos durante la política de seguridad democrática de Uribe.

Una alarmante cifra ha sido revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

Los casos presentados en Colombia triplican el número que fue reportado por la Fiscalía antes de que los hechos fuesen investigados.

La Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo de justicia transicional resultado de los Acuerdos de Paz, que tiene como propósito investigar a los excombatientes de las FARC-EP, personajes pertenecientes a la Fuerza Pública, y todos aquellos que se encuentren involucrados en el conflicto armado en Colombia.

Del total de personas sometidas a la JEP, que han sido más de 12 mil, el 21.5% son miembros de la Fuerza Pública, un 77.5% son exintegrantes de FARC y un 0.1% son personas sometidas por delitos relacionados a protesta social.

En solamente dos años de implementación de la JEP, con muchos detractores y obstáculos, ya se ha logrado que se presenten ante la justicia más de 400 versiones voluntarias.

Además, se han abierto 7 macrocasos que han permitido iniciar investigaciones para esclarecer delitos como la retención ilegal de personas o secuestros, los falsos positivos, la victimización de los miembros de la UP y el reclutamiento de niños para el conflicto armado.

En cuanto a los falsos positivos, que consisten en el asesinato ilegítimo de personas para hacerles pasar por guerrilleros muertos en combate, la Fiscalía habría presentado una cifra de 2.248 casos.

Sin embargo, la investigación de la JEP ha llevado a que se sumen 4.154 casos, para un total de 6.402 personas ejecutadas extrajudicialmente en todo el territorio nacional entre los años 2002 y 2008.

Sobre todo, en los departamentos de Antioquia, Meta, Huila, Norte de Santander, Casanare y la Costa Caribe.

Llama la atención, que el 78% de los falsos positivos que han sido reconocidos por la JEP gracias a la contrastación de información, se dieron mientras estaba vigente la política de seguridad democrática, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Pese a la investigación, aún se desconoce la magnitud completa del fenómeno “macrocriminal”, y se espera que la segunda fase, en departamentos como Guaviare, Putumayo, Arauca, Caquetá, Guainía, Sucre, entre otros, pueda arrojar más información para develar la totalidad de los crímenes ante la justicia.