La construcción de la sede de la Universidad Popular del Cesar (UPC) en La Jagua de Ibirico volvió a quedar en el limbo tras el fracaso de la última sesión del Consejo Superior Universitario.
En medio de la polémica, la candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Alexandra Pineda Ortiz, arremetió contra cinco consejeros que, según ella, «sabotearon» el proyecto por intereses políticos.
Se truncó la construcción de la sede de la UPC en La Jagua de Ibirico
Pinedo aseguró estar «indignada» y responsabilizó a consejeros cercanos al Centro Democrático y Cambio Radical de bloquear una inversión histórica para la región.
«Cinco consejeros ligados al Centro Democrático y Cambio Radical sabotearon la construcción de la sede de la Universidad Popular del Cesar en La Jagua de Ibirico. Lo hicieron por cálculos políticos mezquinos, bloqueando una inversión de más de 50.000 millones de pesos», afirmó.
La dirigente señaló que esta sede responde a una promesa del presidente Gustavo Petro, así como a la gestión del ministro de Educación, Daniel Rojas y del delegado del Ministerio de Educación, Javier Estrada.
«Es un anhelo legítimo del pueblo jaguero y de los municipios del corredor minero que sueñan con el acceso a la educación superior», expresó.
Pinedo pidió transparencia y exigió que se hagan públicos los nombres de quienes frenaron el proyecto: «El pueblo tiene derecho a saber quién le está negando su derecho a la educación. La historia no perdonará a quienes traicionan al pueblo. No se puede condenar a una generación de jóvenes a seguir sin oportunidades por culpa de cinco personas y sus intereses partidistas».
La polémica gira en torno a lo ocurrido en el Consejo Superior Universitario. ¿Qué pasó en la sesión clave del 6 de noviembre? Ese día estaba programada la votación que definiría la aprobación del proyecto, pero la reunión se frustró luego de que el docente Eduardo García recusara a ocho consejeros por presuntos conflictos de interés.
Esta acción dejó al Consejo sin el quórum necesario para sesionar, obligó a enviar el caso a la Procuraduría y, en consecuencia, impidió tomar una decisión antes del inicio de la Ley de Garantías, que comenzó el 8 de noviembre.
Debido a este bloqueo administrativo, los $14.000 millones asignados para la primera fase de la sede difícilmente podrán ejecutarse en el actual gobierno, lo que representa un duro revés para la iniciativa académica.
El delegado del Ministerio de Educación y presidente del Consejo Superior, Javier Estrada, no dudó en rechazar lo ocurrido y señaló que detrás habría intereses políticos: «Esto parece una serie de artimañas jurídicas promovidas por personas con intereses mezquinos y politiqueros».
La sede universitaria en La Jagua de Ibirico se concibe como una apuesta para transformar el corredor minero y acompañar la transición económica de la región.
Para Pinedo, esta iniciativa es un paso hacia un modelo de desarrollo con oportunidades: «Es una apuesta para convertir este territorio en un corredor de vida, con transición energética responsable y reconversión laboral para una región históricamente marginada».
Denuncio con indignación que cinco consejeros ligados al Centro Democrático y Cambio Radical sabotearon la construcción de la sede de la Universidad
— Alexandra Pineda Ortiz (@AlexandraPined_) November 8, 2025
Popular del Cesar en La Jagua de Ibirico, bloqueando una inversión de más de 50 mil millones de pesos y condenando a una generación… pic.twitter.com/65OXeUEj63
Redacción Política Pluralidad Z.
