La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación que buscaba apartar al magistrado Carlos Roberto Solórzano del estudio del recurso de casación contra la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro del proceso por presunta manipulación de testigos.
Con esta decisión, el alto tribunal concluyó que no existen razones legales que comprometan la imparcialidad del magistrado, por lo que Solórzano continuará como ponente del caso.
Corte Suprema mantiene al magistrado Solórzano en el caso Álvaro Uribe Vélez
La recusación había sido presentada por quienes figuran como víctimas, entre ellos el congresista y candidato presidencial Iván Cepeda y Deyanira Gómez.
Sin embargo, la Corte consideró que los argumentos expuestos fueron «abstractos y especulativos» y que no lograron demostrar que el magistrado tuviera su criterio comprometido.
En el fallo, la Sala explicó que el hijo del magistrado, Carlos Roberto Solórzano Garavito, no hace parte del proceso judicial: no es delegado de la Fiscalía ni presentó la acusación.
Por esa razón, señaló que «no ha sido sujeto de juzgamiento ni de una providencia judicial cuya verificación deba asumir el funcionario recusado».
La Corte también aclaró que la Procuraduría General de la Nación no es parte del proceso, sino un interviniente especial, y que el hijo del magistrado «no ostenta el cargo de procurador ni ha sido delegado como agente del Ministerio Público en el caso contra Uribe».
Con la recusación declarada infundada, el proceso entra nuevamente en marcha. Ahora, el magistrado Solórzano deberá fijar en las próximas semanas la fecha de la audiencia en la que las víctimas sustentarán el recurso de casación.
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Mientras unos pedirán que se mantenga la absolución, otros solicitarán que se revoque, alegando que no se valoraron de manera suficiente las pruebas.
En su momento, Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por soborno en actuación penal y fraude procesal, pero posteriormente fue absuelto de ambos delitos por el Tribunal Superior de Bogotá.
Tras la absolución, tanto la Fiscalía como los apoderados de las víctimas anunciaron que acudirían a la Corte Suprema para pedir la casación del fallo, un recurso extraordinario que busca revisar si la sentencia cumplió con la ley.
Redacción Política Pluralidad Z.
