El Tribunal Superior de Antioquia emitió un fallo condenatorio contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, revocando la decisión absolutoria de primera instancia que había proferido un juez especializado.
La Sala Penal del Tribunal determinó la responsabilidad penal de Santiago Uribe Vélez como autor del delito de concierto para delinquir agravado y coautor del homicidio agravado de Camilo Barrientos Durán. Los magistrados impusieron una pena de trescientos cuarenta meses de prisión, equivalentes a más de 28 años, además de una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el valor equivale a $9.252.750.000 (nueve mil doscientos cincuenta y dos millones setecientos cincuenta mil pesos colombianos).
Santiago Uribe Vélez condenado por caso Los Doce Apóstoles
Esta decisión judicial marca un precedente histórico en la lucha contra la impunidad en el departamento de Antioquia, pues el Tribunal encontró que el juez de primera instancia incurrió en errores graves al valorar las pruebas de forma fragmentada.
La Sala Penal enfatizó que Santiago Uribe Vélez desempeñó un papel de liderazgo y conformación en la estructura paramilitar conocida como «Los Doce Apóstoles», la cual operó desde la hacienda La Carolina en el municipio de Yarumal durante la década de 1990.
Los magistrados validaron los testimonios que señalan que dicha hacienda servía como centro de operaciones y entrenamiento para el grupo armado ilegal.
El análisis probatorio realizado por el Tribunal Superior de Antioquia desestimó los argumentos de la defensa que alegaban una supuesta persecución política o conspiración de falsos testigos. Por el contrario, la sentencia destaca la credibilidad de testigos clave como el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses Quintero y Eunicio Pineda Luján.
El Tribunal consideró que sus relatos son consistentes y se corroboran mutuamente al ubicar a Santiago Uribe Vélez en reuniones con mandos paramilitares y agentes de la fuerza pública, donde se planeaban acciones de «limpieza social» contra personas señaladas de auxiliar a la guerrilla o de cometer delitos menores.
La condena a Santiago Uribe Vélez incluye la responsabilidad directa en el asesinato de Camilo Barrientos Durán, un conductor de bus escalera asesinado el 25 de febrero de 1994. El Tribunal estableció que este crimen no fue un hecho aislado, sino parte de un plan sistemático de exterminio ejecutado por el grupo «Los Doce Apóstoles».
Barrientos Durán figuraba en una «lista negra» manejada por la organización criminal, siendo estigmatizado como auxiliador de la insurgencia. La Sala determinó que el procesado, en su calidad de líder de la estructura, participó en la decisión de asesinar a Barrientos y coordinó con la policía local para garantizar la impunidad del hecho.
Un aspecto fundamental del fallo es la declaratoria de estos delitos como crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Superior de Antioquia coincidió con la Fiscalía en que el accionar de «Los Doce Apóstoles» cumplió con los requisitos de generalidad y sistematicidad en el ataque contra la población civil.
Esta calificación impide que los delitos prescriban, garantizando así el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia a pesar del tiempo transcurrido. La sentencia subraya que el grupo paramilitar actuó con la aquiescencia y colaboración de agentes del Estado, lo que agrava la naturaleza de las conductas juzgadas.
El fallo ordena compulsar copias para investigar a otros presuntos implicados y determina la extinción de dominio sobre la hacienda La Carolina. El Tribunal encontró probado que este inmueble se destinó para la realización de reuniones criminales y el entrenamiento de hombres armados.
Asimismo, se ordenó investigar al abogado Diego Javier Cadena Ramírez por posibles delitos contra la administración de justicia, relacionados con la presentación de testigos. Aunque la sentencia impone una pena privativa de la libertad, el Tribunal dispuso que la orden de captura se hará efectiva una vez la decisión quede en firme, permitiendo el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Santiago Uribe Vélez podrá impugnar esta decisión mediante el recurso especial de primera condena o acudir a casación. Mientras tanto, el fallo del Tribunal Superior de Antioquia representa una validación de las denuncias que durante décadas realizaron las víctimas y organizaciones de derechos humanos sobre el terror sembrado en el norte de Antioquia por la estructura paramilitar que, según la justicia, lideró el ganadero.
Redacción Política Pluralidad Z.
