En un acto procesal de significativas implicaciones jurídicas, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha radicado ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá un memorial en el que renuncia expresamente al derecho de favorecerse de la prescripción de la acción penal.
Dicha figura extintiva se habría configurado el próximo 16 de octubre de 2025, lo que habría puesto fin de manera automática al proceso que en primera instancia resultó en una condena de 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La solicitud, fundamentada en el artículo 85 del Código Penal, busca neutralizar el efecto del paso del tiempo y obligar al tribunal de segunda instancia a pronunciarse sobre el fondo del recurso de apelación interpuesto. Con esta maniobra, el procesado declina una terminación favorable del caso por vía procesal para forzar un análisis exhaustivo del acervo probatorio y los argumentos de su defensa.
El fundamento de la renuncia: una crítica al fallo de primera instancia
En el documento dirigido al magistrado ponente, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, el expresidente Uribe Vélez califica la condena proferida por la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá como «equivocada e injusta».
El núcleo de su argumentación para renunciar a la prescripción radica en una presunta vulneración material de su derecho a ser oído durante la primera instancia.
Según expone, el fallo condenatorio de 1.114 páginas habría omitido «la valoración de gran parte de los hechos probados en juicio».
Sostiene que resulta inconsistente reclamar su derecho a ser escuchado en la apelación y, al mismo tiempo, pretender que el proceso finalice por el simple transcurso del tiempo.
La defensa insiste en que la Sala debe tener las «condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba«.
Para sustentar la complejidad del debate probatorio, se citan las cerca de 70 sesiones de audiencia y el voluminoso expediente, que incluye 985 páginas correspondientes a las impugnaciones de la defensa técnica y el Ministerio Público.
Implicaciones procesales de la decisión
La renuncia a la prescripción, una vez aceptada por el Tribunal, tiene un efecto jurídico inmediato y vinculante: despoja a la judicatura de la posibilidad de declarar la extinción de la acción penal y, en consecuencia, la obliga a resolver la apelación mediante una sentencia de mérito.
Esto significa que los magistrados deberán entrar a estudiar uno a uno los cargos de la apelación, contrastar las pruebas, valorar los testimonios y, finalmente, decidir si confirman, modifican o revocan la sentencia condenatoria de primera instancia.
En la práctica, el expresidente Uribe Vélez está cerrando la puerta a una victoria procesal por un tecnicismo para apostar enteramente por una absolución basada en la revisión de los hechos y el derecho.
La decisión traslada toda la presión al Tribunal Superior de Bogotá, cuya Sala Penal ahora tiene el deber ineludible de realizar el estudio de fondo que la defensa reclama, sentando un precedente sobre cómo un procesado, aun con una condena en su contra, puede forzar una decisión sustancial sobre su inocencia o culpabilidad.
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