El Juzgado 31 Administrativo Oral de Bogotá emitió un fallo de tutela el 24 de noviembre de 2025 a favor de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), protegiendo sus derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre.
La decisión judicial se produce luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dirigida por la superintendente Cielo Rusinque, publicara en redes sociales información sobre una sanción multimillonaria contra la sociedad de gestión colectiva sin que el acto administrativo estuviera en firme ni hubiese sido notificado legalmente a los afectados.
Orden judicial contra la Superintendencia de Industria y Comercio
La controversia inició cuando la SIC difundió el 7 de noviembre de 2025 un comunicado de prensa y múltiples publicaciones en plataformas digitales informando que Sayco había incurrido en prácticas restrictivas de la competencia.
Según la entidad de control, se había impuesto una multa superior a los 5.300 millones de pesos tanto a la organización como a sus directivos. Sin embargo, el juez administrativo determinó que la entidad gubernamental actuó de manera precipitada, vulnerando la presunción de inocencia de la organización autoral.
El fallo establece que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció las formas propias del proceso administrativo sancionatorio. La ley colombiana exige la firmeza de los actos administrativos como condición indispensable para su publicidad masiva como un hecho consumado.
Al divulgar la sanción antes de notificarla y permitir los recursos de ley, la SIC incurrió en una conducta que el despacho judicial calificó como una «sanción reputacional anticipada». Esta acción generó un daño inmediato a la imagen de Sayco ante sus socios y la opinión pública, sugiriendo una culpabilidad definitiva que procesalmente aún no existía.
La sentencia ordena explícitamente a la SIC y a sus representantes que, en un término de 48 horas tras la notificación, eliminen de forma inmediata todas las publicaciones, post o reposteos en redes sociales relacionados con el comunicado del 7 de noviembre. Esta medida abarca las plataformas de X (antes Twitter), Facebook, Instagram y LinkedIn, donde se difundió la información que el juez consideró lesiva para los derechos fundamentales de la accionante.
Además de la eliminación del contenido, el juzgado impuso una obligación de rectificación. La Superintendencia debe realizar una aclaración pública bajo las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar que las publicaciones originales.
En esta rectificación, la entidad deberá indicar expresamente que la supuesta sanción contra la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia no se encuentra en firme y no había sido notificada al momento de su difusión inicial. El objetivo de esta medida es evitar que se consolide un perjuicio irremediable sobre la reputación de la sociedad de gestión colectiva.
El análisis del despacho judicial fue contundente al señalar que la SIC se «apresuró» a publicar la decisión.
Se evidenció que la entidad anticipó la ejecución de un acto que no se encontraba en firme, una conducta que está prohibida para las autoridades públicas según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
El juez argumentó que esta presión mediática funciona en la práctica como un mecanismo de coacción moral que podría desincentivar la defensa técnica del investigado dentro del procedimiento administrativo.
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Por su parte, Sayco celebró la decisión judicial a través de un comunicado oficial emitido el 25 de noviembre de 2025. La organización reiteró que siempre ha sido respetuosa del ordenamiento jurídico y enfatizó que la actuación de la SIC pretendía imponer una sanción moral antes de tiempo.
Sayco manifestó que continuará defendiendo los intereses de los autores y compositores, y anunció que presentará los respectivos recursos de reposición ante la instancia administrativa correspondiente una vez se surta la notificación legal.
Redacción Nación Pluralidad Z.
