El presidente Gustavo Petro firmó el decreto de Plan de Austeridad “para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”.
Con el documento se prohíben las fiestas y regalos en las empresas del Estado, entre otros desembolsos superfluos con el objetivo de hacerle frente a la crisis económica que vive el país.
El decreto de la Presidencia de la República firmado hace 10 días, permitirá el ahorro en varios gastos que se han considerado innecesarios o excesivos dentro de las entidades.
Se acabó la guachafita
“Salvo a los que estén debidamente justificados, y en aquellos casos en los cuales los Ministros de Despacho tengan por objeto promover y gestionar el financiamiento de la Nación”, señala el documento.
El decreto aclara que queda prohibida “la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación”.
La orden presidencial también establece que las entidades deberán darles prelación a los encuentros virtuales y no a los presenciales, cuando esos encuentros impliquen desplazamientos en ciudades diferentes de los servidores públicos, compra de pasajes y viáticos.
En caso de que sea estrictamente necesario, el decreto resalta que los empleados de las empresas estatales tendrán que viajar en clase económica. En caso de que el servidor público haga parte de comitivas de Presidencia o Vicepresidencia, no tendrán que pagar gastos de transporte.
Cabe resaltar que según un listado enviado a Noticias Uno tras ser solicitado mediante derecho de petición, el año pasado la Rama Judicial realizó 133 eventos presenciales en los que se gastaron cerca de 11 mil millones de pesos.
El documento evidencia que el dinero derrochado en conversatorios, cursos, mesas de trabajo y encuentro de las altas cortes benefició a 4.052 personas a quienes se les pagó todo con cargo al presupuesto de la nación: tiquetes aéreos, hoteles, alimentación y transporte terrestre.
Algunos festejos habrían sido financiados por entidades y personas particulares, pero se desconoce si esa financiación fue parcial o total. A los millonarios eventos ofrecidos por la Rama Judicial se sumaron fiestas de la Fiscalía y la Contraloría General.
El fiscal Francisco Barbosa también invitó con recursos públicos, en junio del año pasado, a 22 fiscales de otros países a los que les ofreció: tiquetes aéreos, hospedaje, 100 carros blindados con sus respectivos escoltas y rumbas en el mejor bar de Cartagena.
Durante el evento el fiscal logró que lo nombraran presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
El decreto firmado por el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo también pide austeridad en publicidad, uso de celulares, suscripciones, condecoraciones, gasto en papelería y esquemas de seguridad.
Adicionalmente, las entidades deberán justificar la necesidad de los contratos del personal por prestación de servicios y apoyo a la gestión de manera detallada.
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