Al parecer ninguno de los policías involucrados en los violentos hechos ocurridos el pasado 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá han sido retirados de la institución. Por el contrario, el informe sobre los avances de las investigaciones por excesos de varios miembros de la fuerza pública presentado por la Comisión Accidental del Concejo de Bogotá, evidencia que los uniformados acusados por excesos en esas protestas fueron felicitados.
Estas protestas se dieron a partir del asesinato de Javier Ordoñez, a manos de dos agentes de la policía. En el marco de estas manifestaciones murieron 13 personas y 581 heridas, pues la fuerza pública utilizó armas de fuego para controlar los disturbios.
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Las revelaciones del informe sobre el caso de los policías
“Después de 14 meses de lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, ningún Policía ha sido retirado de la institución ni siquiera los imputados. Todo lo contrario, terminaron recibiendo felicitaciones por parte de la institución”, aseguró el concejal Julián Rodríguez Sastoque, coordinador de la Comisión.
El informe también indica que se desconoce si existe algún tipo de responsabilidad por parte de las cadenas de mando y altos funcionarios de la Policía Metropolitana de Bogotá. Esta situación demuestra que la policía ha tomado pocas medidas para asegurarse que estos casos no se vuelvan a repetir.
Uno de los casos en particular llama la atención, pues tres policías fueron imputados por el homicidio de tres hombres y una mujer durante las protestas. A pesar de esto, el informe señala que, estos uniformados no han sido retirados y siguen trabajando en la institución; al punto que han recibido felicitaciones por su labor realizada después de las protestas.
“Los patrulleros Andrés Díaz, Jorge Andrés Lasso, John Gutiérrez recibieron esas felicitaciones el pasado 17 de febrero, y Lasso recibió otra el pasado 20 de diciembre”, afirmó Julián Sastoque.
A su vez, el informe también reveló que se han dado hostigamientos por parte de los policías a familiares de las víctimas. La institución no ha implementado ningún tipo de medidas para evitar la revictimización y, tampoco ha contemplado la posibilidad de pedir perdón públicamente, a menos que una orden judicial lo exija.
La impunidad es evidente en las protestas ocurridas el pasado año, la justicia colombiana ha sido la gran ausente.
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