Recientemente, la región Caribe fue testigo de masivas movilizaciones contra las altas tarifas de energía y las empresas prestadoras de este servicio: Air-e y Afinia (una filial de EPM).
Las movilizaciones que fueron lideradas por organizaciones civiles, quienes exigieron tarifas justas y accesibles para la comunidad, se llevaron a cabo en varios puntos, incluyendo Barranquilla, Valledupar, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo y Riohacha.
Los manifestantes reclaman medidas contra altas tarifas de energía
Los asistentes a las manifestaciones expresaron su insatisfacción con el régimen especial de tarifas vigente en la Costa y demandaron acciones por parte de las autoridades, ya que consideran que las facturas que llegan mensualmente a sus casas son impagables.
Entre las peticiones de la jornada se destacaron: “Tarifas justas y pagables, no al régimen especial que cobra hurtos e inversiones futuras”; “el Caribe levanta la voz”.
En varias ciudades, la protesta fue acompañada por la canción ‘Apagando Focos’, un vallenato interpretado por Iván Villazón que recientemente fue lanzado como otro mensaje de protesta contra esta situación.
En el Caribe las tarifas son más elevadas por el aumento en el consumo causado por el calor, el deterioro de las infraestructuras públicas y la aplicación de un régimen especial desde que el gobierno de Iván Duque autorizó la venta de Electricaribe.
Las facturas de servicios públicos presentan al menos tres componentes que impactan directamente en el bolsillo de los consumidores: energía, alumbrado público y la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.
En relación al componente de energía, los ciudadanos señalan que están siendo afectados por ineficiencias en el sistema, lo cual se refleja en las altas tarifas que deben pagar.
Esta situación, según los afectados, es consecuencia de decisiones gubernamentales y legislativas que no han abordado de manera efectiva estos problemas.
El componente de alumbrado público, que depende de los alcaldes y concejos municipales, también ha generado malestar entre los ciudadanos.
Ejemplo de ello es lo que ocurre en Puerto Colombia, donde los residentes denuncian que deben pagar un porcentaje elevado de sus consumos, sin una justificación clara del destino de esos fondos.
Además, la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, gestionada por la gobernación del Atlántico y los diputados, ha experimentado incrementos significativos en su valor, lo cual agrava aún más la situación financiera de los ciudadanos.
Se teme que esta tasa pueda comprometerse por 15 años, lo cual ha generado preocupación en la población.
Ante esta situación, los ciudadanos exigen una pronta acción por parte de las autoridades para abordar estas problemáticas y garantizar un acceso justo y equitativo a los servicios públicos en la región del Caribe colombiano.
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