Durante la COP16, el Gobierno de Colombia firmó un acuerdo para impulsar la protección de la biodiversidad en el marco de la política de drogas. Este convenio, denominado «Programa Nacional de Transformación Ecológica y Productiva para la sustitución de cultivos de uso ilícito», plantea una inversión de más de $200.000 millones en los próximos dos años, destinando fondos para incentivar actividades productivas sostenibles en áreas con alta importancia ambiental.
Este acuerdo, celebrado en Cali el 29 de octubre de 2024, busca promover alternativas legales y productivas para las comunidades involucradas en cultivos ilícitos, destacando la importancia de proteger los ecosistemas del impacto de la «guerra contra las drogas». Según explicó la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, el objetivo es lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental, en consonancia con la Política Nacional de Drogas 2023-2033 «Sembrando vida, desterramos el narcotráfico».
Una estrategia para la transformación económica y la conservación
Este convenio se construyó mediante una colaboración interinstitucional entre los Ministerios de Justicia, Agricultura y Ambiente, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y varios fondos nacionales. La estrategia se enfoca en el reemplazo de cultivos ilícitos con proyectos productivos que respeten el medioambiente, generen ingresos legales y promuevan la sostenibilidad.
Además, la iniciativa contempla incentivos económicos para las comunidades que se comprometan a proteger la biodiversidad y participar en la restauración ambiental de sus territorios.
Durante el evento «La guerra contra las drogas y su afectación en el medioambiente: La biodiversidad en riesgo», expertos internacionales subrayaron el impacto negativo de las políticas tradicionales de erradicación sobre los ecosistemas y la urgencia de alternativas como esta.
La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, calificó este acuerdo como una «alianza histórica» que tiene el potencial de cambiar la vida de miles de familias, quienes se han visto obligadas a depender de cultivos ilícitos debido a la falta de alternativas económicas.
Financiación y apoyo internacional
Una característica destacada de esta iniciativa es su modelo de financiación, debido a que el 30% de los fondos proviene de recursos incautados al narcotráfico, redirigiéndose estos dineros para reparar el daño causado a las comunidades y al medioambiente.
Además, se espera contar con apoyo financiero y técnico de la cooperación internacional y del sector privado para potenciar el impacto de la inversión inicial.
El Gobierno de Colombia ha mostrado su compromiso de combatir el narcotráfico desde una perspectiva que prioriza la vida, el bienestar de las comunidades y el cuidado de la biodiversidad.
Gracias a este convenio, Colombia se mueve cada vez más hacia una política de drogas que considera la biodiversidad como una víctima de la lucha antidrogas y busca integrar soluciones que protejan el medioambiente al tiempo que ofrecen alternativas de sustento legal y sostenible a las comunidades en territorios afectados.
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