El Sindicato de Trabajadores y Prestadores de Servicio a la Rama de la Actividad Económica de la Industria Alimenticia (SINTRAPRESIALI) ha emitido una grave denuncia contra el Grupo Nutresa S.A. (propiedad del Grupo Gilinski) y sus filiales. A través de un documento formal, la organización acusa al conglomerado de ejecutar una estrategia sistemática de reestructuraciones, desvinculaciones masivas y prácticas que presuntamente vulneran derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo el habeas data.
Según el sindicato, estas políticas, que se venían gestando desde antes, se han acelerado bajo el nuevo control accionario del banquero Jaime Gilinski.
Cierres de plantas: una estela de desempleo en varias regiones
La denuncia sostiene que detrás de la imagen corporativa de eficiencia se esconde un modelo de «vender más por menos», que se traduce en la reducción de infraestructura y personal para maximizar utilidades.
El informe sindical detalla una serie de cierres de centros de producción y logística que, afirman, se realizaron sin la debida autorización del Ministerio de Trabajo para despidos colectivos, un requisito exigido por la legislación laboral colombiana.
Entre los casos expuestos se encuentran:
- Barranquilla (2019): El cierre de la planta de Alimentos Cárnicos S.A.S. resultó en la desvinculación de más de 400 empleados. La denuncia relata que los trabajadores fueron convocados a un hotel bajo el engaño de una capacitación y notificados de su despido de forma sorpresiva.
- Caloto, Cauca (2025): La compañía clausuró su planta de producción de café, afectando a más de 350 empleados. Este cierre se produjo en un contexto de tensiones laborales y denuncias por tercerización excesiva.
- Santa Marta (2025): La empresa Tropical Coffee S.A.S., especializada en exportación, cesó operaciones abruptamente, dejando a 300 trabajadores y productores locales en la incertidumbre.
- Otras zonas: El sindicato señala que cierres de bodegas en Caucasia, Santa Marta, San Gil, Barrancabermeja, Armenia y Manizales han seguido el mismo patrón de presunta ilegalidad.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la presunta vulneración sistemática del derecho a la protección de datos personales. SINTRAPRESIALI asegura que empresas del grupo, como Comercial Nutresa S.A.S., exigen a los trabajadores la entrega de datos biométricos sensibles —como huellas digitales y firmas— para la realización de exámenes médicos ocupacionales y pruebas psicotécnicas.
Según el sindicato, estas evaluaciones son utilizadas como «herramientas para abrir procesos disciplinarios, presionar despidos e incluso solicitar levantamientos de fuero sindical». Esta práctica, advierten, contraviene la Ley 1581 de 2012 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que protege especialmente los datos de salud.
La negativa de los trabajadores a suministrar esta información habría derivado en represalias como la suspensión del pago de salarios para coaccionarlos.
La denuncia sindical apunta responsabilidades directas dentro de la estructura de la compañía. Se menciona específicamente a la Gerencia de Cultura y Desarrollo Organizacional de Comercial Nutresa, bajo la dirección de Ana María Ponce Vallejo, de presuntamente avalar y legitimar estas prácticas.
El sindicato alega que dicha gerencia se ha convertido en «cómplice directo» de acosos laborales tipificados en la Ley 1010 de 2006.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo es calificado por la organización como un «testigo silencioso y cómplice». SINTRAPRESIALI sostiene que la pasividad de la cartera ha permitido que el Grupo Nutresa ejecute desvinculaciones y cierres sin la supervisión legal requerida.
La denuncia es tajante al afirmar que las quejas por persecución sindical y acoso laboral quedan «atrapadas en un laberinto burocrático», mientras la empresa, según ellos, actúa con impunidad.
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