La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha iniciado investigaciones administrativas contra los operadores de telecomunicaciones Movistar, Tigo y WOM, tras detectar posibles incumplimientos en la atención física a los usuarios en la ciudad de Inírida, Guainía.
Estas diligencias se llevaron a cabo durante los días 9 y 10 de mayo de 2024, y son parte de los esfuerzos de la SIC por asegurar el cumplimiento del Régimen de Protección de Usuarios.
Incumplimiento en la atención física y derecho de información
Este nuevo capítulo en la vigilancia a las telecomunicaciones pone en el ojo del huracán a estos tres gigantes del sector, quienes podrían enfrentar sanciones económicas si se comprueban las irregularidades detectadas.
La atención física a los usuarios es una obligación vigente desde el 1 de abril y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2024.
Las visitas de inspección administrativa realizadas por la SIC en Inírida revelaron que Movistar, Tigo y WOM, aparentemente, no garantizaron la atención física a sus usuarios en esta ciudad.
Esta falta de atención directa podría representar un incumplimiento grave de la normativa vigente, poniendo en riesgo el derecho de los usuarios a recibir un servicio adecuado y accesible.
Además de la falta de atención física, la SIC detectó que estos operadores habrían vulnerado el derecho de información de los usuarios.
Según las observaciones de la Superintendencia, los operadores no suministraron información clara, veraz, suficiente, oportuna y comprensible sobre la existencia y ubicación de las oficinas físicas.
Esta omisión contraviene lo establecido por la Circular Única de la entidad, que exige a los operadores mantener informados a los usuarios a través de todos los medios disponibles.
Posibles sanciones y próximos pasos
En caso de que se comprueben las conductas reprochadas, la Superintendencia de Industria y Comercio podría imponer multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a cada uno de los operadores involucrados.
Las sanciones serían un golpe significativo para estas empresas, las cuales deben asegurar el cumplimiento de sus obligaciones para evitar mayores consecuencias.
Los operadores investigados tienen un plazo de 15 días, a partir de la notificación, para ejercer su derecho de contradicción y defensa. Es un momento crucial para Movistar, Tigo y WOM, quienes deben responder ante la SIC para evitar posibles sanciones que afectarían no solo sus finanzas, sino también su reputación en el mercado de telecomunicaciones colombiano.
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