El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, manifestó su profunda preocupación frente a la propuesta de implementar una inversión forzosa en Colombia. Durante una reciente entrevista, el líder gremial aclaró que estos recursos no pertenecen a las entidades financieras, sino que son parte integral del ahorro de los colombianos depositado en el sistema.
Malagón enfatizó que la medida busca que el Gobierno administre un porcentaje de los 790 billones de pesos que representan los depósitos totales en el país.
La implementación de este mecanismo genera una señal de alerta sobre la estabilidad de los mercados y el costo del crédito. Según el representante del sector financiero, destinar recursos de manera obligatoria hacia sectores específicos reduce la disponibilidad de fondos prestables para el resto de la economía. Esta escasez de liquidez provocaría un incremento consecuente en las tasas de interés, afectando directamente a los ciudadanos que busquen adquirir vivienda o créditos de libre consumo.
El ahorro de los ciudadanos estaría en juego
El gremio de los banqueros estima que retirar un 5% de los depósitos para estas inversiones, lo que equivale a unos 38 billones de pesos, podría elevar las tasas de interés entre medio y un punto porcentual. Para una familia que adquiere una vivienda de interés social a 15 o 20 años, este ajuste representaría un costo adicional de hasta 37 millones de pesos en intereses. El economista subrayó que esta política actúa como un subsidio cruzado que encarece el crédito para la mayoría.
Respecto al cumplimiento del Pacto por el Crédito, Malagón desmintió las acusaciones de incumplimiento vertidas desde el Ejecutivo. Las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia indican que los sectores priorizados en dicho pacto experimentaron un crecimiento del 20% en los desembolsos, frente a un 10% del resto de la economía. El cumplimiento del acuerdo alcanzó un 97%, con una entrega efectiva de aproximadamente 245 a 250 billones de pesos.
Sobre el antecedente regional, Malagón señaló que en el presente siglo solo Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia han implementado medidas similares.
El modelo de inversión forzosa fue común en la década de los 50, pero fue reemplazado progresivamente por la banca de fomento y créditos de segundo piso. Actualmente, el único mecanismo vigente de este tipo en el país son los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) para el sector agrario.
El presidente de Asobancaria también cuestionó la efectividad operativa de la medida. Mencionó que, en el caso del agro, cerca de 15 billones de pesos de las inversiones forzosas terminan invertidos en Títulos de Deuda Pública (TES) en lugar de convertirse en crédito productivo. Esto implicaría que el mecanismo se utiliza, en la práctica, para financiar al Ministerio de Hacienda por vías alternativas, restando dinamismo al mercado crediticio real.
En cuanto a la situación tributaria, Malagón calificó como imprecisas las afirmaciones sobre las utilidades de los bancos. Explicó que de los 112 billones de pesos mencionados por el Gobierno, 90 billones corresponden a rendimientos de los fondos de pensiones y pertenecen a los ahorradores, no a la banca. Las utilidades reales del sector fueron de 27 billones de pesos, de los cuales se pagaron 14.5 billones en impuestos de renta.
La propuesta de elevar el impuesto al patrimonio para los bancos también fue objeto de análisis. Malagón advirtió que una tarifa superior al 1.2% o un impuesto de renta cercano al 50% restaría competitividad al país. Bajo este esquema tributario, Colombia se ubicaría en niveles similares a Islas Comoras, siendo una de las naciones con la carga impositiva más alta del mundo para el sector financiero.
El impacto de mayores impuestos no recae únicamente en los accionistas, sino que tiende a transferirse al consumidor final mediante costos más elevados en los servicios. Para el gremio, penalizar la actividad financiera mediante gravámenes excesivos desestimula la colocación de crédito que el propio Gobierno dice querer impulsar. Existe una contradicción intrínseca entre buscar la reactivación económica y aumentar los costos operativos del sistema de financiamiento.
Finalmente, Asobancaria propone que, en lugar de nuevas inversiones forzosas, la conversación se centre en alivios para los deudores en zonas de emergencia.
Actualmente existen 21 billones de pesos colocados en departamentos bajo declaratoria de emergencia que requieren periodos de gracia y refinanciaciones. El sistema financiero se mantiene dispuesto a acompañar soluciones que protejan el ahorro y brinden estabilidad a los ciudadanos afectados por la coyuntura económica.
Redacción Economía Pluralidad Z.
