Los conductores de plataformas enfrentan una de sus mayores amenazas tras la radicación del Proyecto de Ley 347 de 2026. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, pretende establecer un marco legal que, en la práctica, significaría la desaparición de aplicaciones como Uber, Didi e InDrive.
El gremio Alianza In ha calificado la propuesta como un retroceso histórico que pone en riesgo el sustento de cientos de miles de familias.
Un régimen de sanciones drásticas
La normativa propuesta no se limita a una regulación técnica, sino que implementa un modelo de castigo severo. Entre los puntos más críticos se encuentra la facultad otorgada a las autoridades para ordenar la suspensión inmediata de las operaciones sin necesidad de una decisión judicial previa.
Las sanciones económicas son desproporcionadas. El proyecto contempla multas de hasta $4,7 millones por cada viaje realizado, cobros que recaerían tanto en las plataformas como en los usuarios.
Además, para los casos donde no exista una sanción específica, las multas podrían escalar hasta los $2.179 millones.
El articulado también endurece las medidas físicas contra los conductores. La inmovilización de vehículos particulares vinculados a estas aplicaciones podría extenderse hasta por 120 días. José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, advirtió que estas medidas destruyen el ingreso de los hogares y convierten una actividad que operaba en la «indefinición» en una «ilegalidad explícita».
Incluso la propiedad privada se vería afectada. El proyecto contempla sanciones para administradores de centros comerciales, hoteles o conjuntos residenciales que permitan la operación de estos servicios, calificando la actividad como un riesgo para el orden público.
Desde el sector de la tecnología y la innovación se solicita el retiro inmediato de la iniciativa.
Argumentan que el país necesita una regulación moderna que garantice la libre elección del ciudadano y el derecho al trabajo, en lugar de un esquema de persecución que ignora los avances científicos y tecnológicos avalados previamente por la Corte Suprema de Justicia.
¿Consideras que esta ley protege al transporte tradicional o afecta el derecho a elegir cómo movilizarse?
Redacción Economía Pluralidad Z.
