En Colombia, cada vez más personas ven el arriendo como su única opción para independizarse. Con los altos precios de la vivienda y los requisitos difíciles para acceder a créditos hipotecarios, vivir en alquiler se ha vuelto una solución práctica.
Sin embargo, muchos inquilinos desconocen las reglas de los contratos de arriendo, lo que puede generar conflictos y hasta pérdidas de millones de pesos.
Multas por terminar el arriendo
Entender cómo funcionan los contratos es clave para evitar sorpresas desagradables. Cuando un propietario desea recuperar su inmueble, no basta con pedirlo de vuelta. La ley establece un proceso específico que, si no se cumple, puede resultar en multas, indemnizaciones o renovaciones automáticas del contrato.
Uno de los aspectos más importantes en los contratos de arriendo es la terminación anticipada. Según la Ley 820 de 2023, el propietario debe notificar por escrito al inquilino con al menos tres meses de anticipación si desea finalizar el contrato al término de su prórroga. Además, debe pagar una indemnización equivalente a tres meses de arriendo.
Este pago es obligatorio salvo contadas excepciones, y busca proteger al arrendatario dándole tiempo para conseguir una nueva vivienda. Si el dueño no hace el preaviso a tiempo, el contrato se renueva automáticamente por el mismo periodo inicial.
¿Cuándo no se paga la indemnización?
La ley contempla algunas excepciones que liberan al arrendador de pagar la indemnización, como por ejemplo: si el inmueble será demolido o remodelado, si el propietario necesita ocuparlo por máximo un año, o si el inmueble debe ser entregado en cumplimiento de una obligación contractual, como una venta.
También se puede terminar el contrato sin pagar compensación si el inquilino no cumple con el pago del canon o de los servicios públicos. Aun así, en todos los casos se debe cumplir con el preaviso.
Conocer estas reglas sobre los contratos de arriendo evita costosos errores legales. Si surgen desacuerdos entre las partes, lo más recomendable es acudir a asesoría legal para proteger los derechos tanto del inquilino como del propietario.
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