En el caso conocido como «Las Marionetas«, el nombre de Sandro Condía aparece únicamente en referencias indirectas derivadas de interceptaciones y declaraciones de terceros dentro de la investigación, sin que exista hasta la fecha imputación de cargos, acusación formal o condena judicial en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación; su mención se ha producido en el plano periodístico e investigativo, principalmente a partir de conversaciones atribuidas a la lobista Lorena Cañón y otros actores del expediente, pero no ha sido incorporado como integrante probado de la red de corrupción ni vinculado jurídicamente a contratos, flujos de dinero o determinación de delitos dentro del proceso, lo que lo ubica en la esfera de la controversia mediática y política más que en la responsabilidad penal comprobada.
Fue en el año 2022, cuando su nombre apareció indirectamente asociado al caso conocido como «Las Marionetas«, una de las investigaciones de corrupción de mayor impacto en Colombia en los últimos años, vinculada al fallecido senador Mario Castaño en la Revista Semana donde además existen declaraciones de testigos dentro de expedientes periodísticos y judiciales, en las cuales aparece mencionada la madre del expresidente colombiano Iván Duque Márquez, Juliana Márquez Tono.
Condía sostiene que su inclusión en ese informe periodístico de Semana es producto de una lectura errónea de comunicaciones indirectas y de su relación política circunstancial con actores del entorno liberal durante su aspiración al Congreso, solicitó una rectificaciòn que nunca tuvo respuesta por parte del medio que dirige la líder política de derecha Vicky Davila.
En su versión, su participación en el debate político nacional fue legítima, institucional y sin vínculos con las estructuras investigadas. En las elecciones legislativas de 2022, Castaño ya era una figura consolidada en el Senado, con capacidad de movilización regional y era apenas natural que buscara a un líder en Boyacá como Sandro Condia ex alcalde de una importante ciudad del departamento.
La historia de Sandro Condia no comienza en los salones del poder, sino en una vereda rural de Boyacá. Hijo de un sastre y de una madre dedicada al hogar, formado en la escuela pública y forjado en el trabajo desde la adolescencia, Condía representó para sus electores de la ciudad del sol un tipo de liderazgo social, ambiental e independiente, el del dirigente comunal que asciende desde la organización barrial hasta la convertirse en alcalde con reconocimiento internacional como se hizo notar en la Cumbre Mundial de Gobernabilidad y Democracia ODM en la ciudad de Pereira.
Antes de llegar a la política electoral, trabajó como técnico en minería, experiencia que no sólo moldeó su visión del desarrollo económico regional, sino que lo conectó con uno de los sectores estructurales de la economía boyacense. Más tarde, desde la Acción Comunal, inició un recorrido político que lo llevaría al Concejo Municipal y, finalmente, a la alcaldía de Sogamoso en el año 2015.
En un país donde las carreras políticas suelen estar mediadas por estructuras partidistas consolidadas, su ascenso fue, en términos estrictamente electorales, atípico: sin grandes maquinarias visibles en sus primeras campañas, logró consolidar apoyo popular en una ciudad estratégica del centro oriente colombiano después de liderar un proceso socio ambiental relevante para mejorar la calidad del aire en el valle de Sogamoso con cientos de alfareros.
Cuando Gabriel García Márquez recorrió Belencito en su etapa de reportero en El Espectador, a mediados del siglo XX, encontró allí uno de los símbolos más ambiciosos del proyecto del desarrollo colombiano: Acerías Paz del Río.
Setenta años después, ese mismo territorio permite una lectura más amplia y menos celebratoria. Aunque la empresa llegó a producir cientos de miles de toneladas de acero en sus mejores décadas, el modelo industrial no logró modificar de forma estructural las condiciones sociales de la región. La industrialización coexistió con desigualdades persistentes, economías rurales debilitadas y una urbanización incompleta que más adelante agudizó Holcim y Argos.
En términos históricos, lo que se planteó en los años cincuenta como un salto hacia la modernidad industrial no logró resolver la pregunta de fondo: quién paga el precio del progreso y quién se beneficia de él. Hoy, en un contexto de transición energética global y mayor conciencia ambiental, esa pregunta vuelve con más relevancia.
Sandro Condía, exalcalde de Sogamoso, consolidó su trayectoria política desde la acción comunal hasta la administración municipal, donde impulsó decisiones sobre ordenamiento territorial y gestión ambiental que lo enfrentaron a distintos intereses regionales; posteriormente, hoy podemos decir que su nombre fue mencionado de forma indirecta en algunas referencias periodísticas asociadas al caso “Las Marionetas”, sin que exista imputación de cargos, investigación formal en su contra ni decisión judicial que lo vincule al proceso, por lo que dichas alusiones carecen de soporte jurídico y no constituyen evidencia de responsabilidad penal, permaneciendo su situación en el plano exclusivamente mediático escándalo de corrupción que relaciona a Juliana Márquez Tono un nombre intocable en los grupos económicos y mediáticos colombianos.
Su administración estuvo marcada por una constante: la tensión entre la gobernabilidad local y los intereses regionales en torno a la gestión de residuos y el desarrollo urbano. La prioridad de Sandro siempre fue el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad en una ciudad que ha sido explotada por grandes multinacionales recibiendo muy poco o nada a cambio en materia de responsabilidad social empresarial.
Sogamoso, que opera como centro receptor de residuos de más de 40 municipios, enfrenta uno de los problemas ambientales más sensibles de la región. En ese contexto, la administración de Condía impulsó una revisión del modelo de disposición final de basuras, cuestionando la dependencia estructural del enterramiento como solución dominante.
Desde su perspectiva, esta práctica —altamente rentable para ciertos operadores— es ambientalmente insostenible a largo plazo. Esa postura lo llevó a adoptar decisiones que, aunque defendidas como medidas técnicas y de protección ambiental, generaron fuertes tensiones institucionales con el gobierno departamental de Carlos Amaya.
Condía fue objeto de sanciones administrativas en primera instancia por parte de organismos de control, posteriormente revisadas en distintas etapas jurídicas. También enfrentó un proceso de revocatoria y una suspensión temporal en un contexto electoral particularmente sensible, una persecución política con fines electorales.
Medios, filtraciones y reputación en disputa
El caso también abre una discusión más amplia sobre el papel del periodismo de investigación en contextos judiciales abiertos.
En Colombia, como en otros países de la región, las filtraciones de expedientes y las interceptaciones telefónicas han adquirido un peso considerable en la construcción de opinión pública, a veces antes de que existan decisiones judiciales de fondo. Pero hay que decirlo de frente: la revista Semana no tiene la última palabra, por el contrario, su confianza y credibilidad hoy vale lo mismo que la campaña presidencial de Vicky Davila.
El problema no es la investigación periodística en sí misma —fundamental en cualquier democracia— sino la velocidad con la que el señalamiento público puede convertirse en sentencia social. También la forma como la estrategia de comunicación protege la oligarquía y el poder buscando que la atención se centre en personas inocentes y líderes comunitarios que no tienen relación con un caso tan complejo.
En este punto, el caso de Sandro Condía evidencia una tensión estructural entre la exposición mediática y la resolución jurídica, en la que menciones difundidas por medios de comunicación a partir de investigaciones en curso pueden producir efectos reputacionales significativos sin que exista una decisión judicial de fondo. En ese contexto, la revista Semana ha sido señalada por la publicación de información derivada de interceptaciones y expedientes aún abiertos, así como por la ausencia de respuesta oportuna a solicitudes de rectificación, lo que ha reavivado el debate sobre los estándares de verificación y contraste en el periodismo de investigación en Colombia frente a la presunción de inocencia y la necesidad de sustento judicial en las afirmaciones de carácter acusatorio.
Un balance de gestión y una narrativa incompleta
Más allá de la controversia nacional, su gestión como alcalde de Sogamoso dejó una huella importante en la ciudad. Por un lado, la inversión en infraestructura vial, proyectos educativos, fortalecimiento de espacios culturales y una reestructuración administrativa orientada a la eficiencia del gasto público.
En ese sentido, su historia no es solo la de un individuo, sino la de un sistema político donde las fronteras entre justicia, medios y competencia electoral son cada vez más difusas. En sus propias palabras, su convicción permanece intacta: «Gobernar es resolver problemas, no alimentar estructuras de poder»
