El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que ordena la desclasificación inmediata de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Esta entidad, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, estuvo implicada en el mayor escándalo de espionaje estatal de la historia reciente de Colombia.
El anuncio se dio al término del evento de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado con el Colectivo de José Alvear Restrepo (Cajar), una de las organizaciones víctimas de las llamadas chuzadas.
Las huellas del uribismo en el escándalo del DAS
En medio de aplausos, Petro estampó su firma en el documento y declaró: «por el cual se desclasifica y levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)».
Aunque el mandatario aclaró que el proceso requerirá tiempo por la anonimización de datos de las víctimas, fue enfático en que «de ninguna manera se ocultarán los nombres de los victimarios».
Esta decisión representa un hecho sin precedentes. Durante más de una década, distintos gobiernos evitaron liberar esa información alegando razones de seguridad nacional. Petro, sin embargo, justificó su decisión en nombre del derecho a la verdad.
La medida podría tener profundas consecuencias políticas, especialmente para el uribismo, ya que varios de los principales implicados en las interceptaciones ilegales y seguimientos a periodistas, magistrados y opositores pertenecieron al círculo cercano del expresidente Álvaro Uribe.
Entre ellos se encuentran Jorge Noguera, exdirector del DAS condenado a 25 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir; María del Pilar Hurtado, sentenciada a 14 años; y Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia, hallado responsable de concierto para delinquir en segunda instancia.
Durante el gobierno de Uribe, el DAS fue señalado por montar una red de espionaje contra las Altas Cortes, opositores políticos y defensores de derechos humanos.
Incluso, uno de los espiados fue el presidente Gustavo Petro, quien denunció públicamente los vínculos entre la entidad y grupos paramilitares.
Pese a las múltiples condenas, Uribe siempre negó haber tenido conocimiento o participación directa en los hechos. «Nunca di orden, insinué o consideré una opción ilegal, en conversaciones públicas o privadas», dijo en 2010.
La desclasificación podría sacar a la luz nuevos documentos que comprometan a exfuncionarios o revelen órdenes directas. Expertos en derechos humanos sostienen que el decreto abre una nueva etapa en el esclarecimiento de la verdad. Para el uribismo, la medida supone una amenaza directa a su proyección política y podría intensificar el escrutinio judicial y mediático sobre su legado.
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