La tensión escaló en Santander cuando un grupo de mineros confrontó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, exigiendo respuestas sobre la decisión de imponer una zona de reserva temporal en la región.
El conflicto surgió durante una reunión pública en la que los mineros manifestaron su frustración y preocupación por el impacto de esta medida en sus medios de vida, generando pobreza para sus familias.
Prohibir la minería es generar pobreza en algunas regiones de Colombia
En un video que circula en redes sociales, se puede observar a los mineros increpando a la ministra, acusándola de llevarlos a la ilegalidad con estas decisiones.
Una de las manifestantes expresó: «Usted defiende los derechos de Palestina, nosotros los derechos de los santandereanos. ¡Usted nos está destinando a la ilegalidad!«.
Este comentario refleja la creciente desconfianza y resentimiento entre la comunidad minera y el ministerio de Ambiente.
En Támesis, Antioquia, se lo habían advertido
La controversia no es nueva. El año pasado, en Támesis, Suroeste de Antioquia, la ministra Muhamad enfrentó críticas similares.
Durante un evento, los habitantes le sugirieron que, en lugar de prohibir y declarar zonas de reserva temporal, debería basarse en la ciencia para definir proyectos mineros estratégicos que apoyen la transición energética, como el proyecto Quebradona.
La decisión de establecer zonas de reserva temporal tiene como objetivo proteger áreas de alta biodiversidad y mitigar el impacto ambiental de la minería. Sin embargo, los mineros argumentan que estas medidas no consideran las implicaciones socioeconómicas para las comunidades locales que dependen de esta actividad.
Susana Muhamad, reconocida por su firme postura en defensa del medio ambiente, ha enfatizado en varias ocasiones la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental.
No obstante, los mineros de Santander y otras regiones mineras del país demandan un enfoque más inclusivo que contemple alternativas sostenibles para su actividad y asegure su sustento.
La situación en Santander subraya la complejidad de gestionar los recursos naturales de manera equitativa y sostenible.
A medida que Colombia avanza hacia una transición energética, la presión sobre el gobierno para encontrar soluciones que concilien las necesidades ambientales y económicas continuará aumentando.
La ministra Muhamad, por su parte, ha reiterado su disposición al diálogo y a trabajar con las comunidades para buscar soluciones que protejan el medio ambiente sin comprometer el bienestar de los mineros.
Sin embargo, la brecha entre las políticas ambientales y las realidades locales sigue siendo un desafío significativo para la administración del gobierno Petro.
