La presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), Yessika Hoyos, ofreció detalles cruciales sobre el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que ordena la desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
En una entrevista con La W, Hoyos explicó el alcance de esta decisión, anunciada durante el acto de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón del Estado al Cajar por años de persecución. Se trata de un volumen documental inmenso, que supera las 57.400 cajas, cuyo contenido promete revelar verdades ocultas sobre el conflicto armado y la operación de la antigua policía secreta.
El proceso de desclasificación y el rol del Archivo General
Yessika Hoyos aclaró que el decreto presidencial ya está publicado y asigna la responsabilidad principal al Archivo General de la Nación (AGN), entidad que actualmente custodia estos documentos.
El proceso no será inmediato; el AGN debe primero acometer una labor técnica compleja que incluye la digitalización de la información y, fundamentalmente, la anonimización de datos sensibles. Esta anonimización, explicó Hoyos, busca proteger la seguridad de algunas personas que aparecen en los archivos y respetar el derecho a la autodeterminación, un principio consagrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La apertura de estos archivos ha sido descrita como la apertura de una «caja de Pandora». El DAS fue calificado en múltiples oportunidades por la Fiscalía y la JEP como una «máquina criminal». Hoyos manifestó que las víctimas están «segurísimas» de que el país conocerá mucha información que hasta la fecha permanecía oculta.
La esperanza principal radica en esclarecer el destino de muchas personas que aún se encuentran desaparecidas forzadamente. «Sabemos que muchos de los integrantes de esta organización, pues fueron los responsables de desaparición forzada de defensores de derechos humanos, de sindicalistas, de otros líderes sociales y liderezas», afirmó Hoyos. Además, se espera encontrar información relevante sobre la historia de organizaciones sociales y sindicales clave del país, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
La presidenta del Cajar enfatizó la importancia de que la ciudadanía comprenda que las actividades ilegales del DAS, incluyendo graves violaciones de derechos humanos, fueron cometidas por agentes estatales. «Recibían salarios, pagos con nuestros impuestos y esto pues nunca más puede volver a ocurrir en el país», sentenció.
¿Podrán usarse los archivos del DAS en procesos judiciales?
Una de las dudas centrales es si esta información desclasificada tendrá valor probatorio en procesos judiciales contra los responsables. Yessika Hoyos fue enfática al señalar que no existe ninguna norma en el decreto que impida utilizar estos archivos para procesar a personas responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, matizó el alcance inmediato de esta posibilidad debido al proceso de anonimización. «Claro, no vamos a conocer a todos los responsables porque va a haber anonimización. Esto quiere decir que se van a ocultar los datos de muchos de estos agentes que hacían los seguimientos, las interceptaciones ilegales y demás», reconoció. Pese a esta limitación, Hoyos se mostró optimista en que, «por contexto», los investigadores podrán «llegar a determinar muchos de los responsables» de los crímenes cometidos por el DAS.
La decisión del presidente Petro no estuvo exenta de críticas por su timing. Al ser consultada sobre si la desclasificación, anunciada tres años después de las primeras promesas y en un periodo electoral, podría tener «fines politiqueros», Hoyos defendió el contexto del anuncio.
Subrayó que el decreto se firmó en un evento «muy importante», la solicitud de reconocimiento de responsabilidad del Estado por los hechos cometidos contra Cajar. Estos hechos incluyeron amenazas, tortura psicológica y seguimientos ilegales, en los que, aclaró, no solo participó el DAS, sino también integrantes del Ejército Nacional y la Policía. «Para nosotros ese es el contexto en que lo hace, que es muy importante y que habíamos solicitado», afirmó.
Hoyos también justificó la demora, reconociendo que las víctimas venían pidiendo esto «hace varios años». Explicó que el archivo tuvo un proceso previo «muy importante» de organización.
La magnitud de la tarea, gestionando más de 57.400 cajas y documentos digitales «muchos de ellos que incluso ni siquiera se han podido revisar, pues, por lo obsoletos hoy en día», explica por qué el proceso no fue inmediato.
Ahora, la expectativa del colectivo es que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos «se cumpla en su totalidad». Recordó que la desclasificación es solo una de las 18 órdenes de la sentencia, y que aún hay tareas pendientes, como la reforma a la ley de inteligencia.
Redacción Política Pluralidad Z.
