La mafia al interior del Consejo Nacional Electoral no es nueva, existe una puerta giratoria, el CNE más que una autoridad electoral se convirtió en una estrategia de las mafias para dar muerte política a quienes los gamonales muchas veces financiados por el narcotráfico determinen.
Vamos a un referente histórico donde es importante analizar la puerta giratoria de la del CNE como un concierto para delinquir y su vínculo con el Congreso de la República y grupos al margen de la ley. Para empezar, revisemos los escándalos, denuncias e investigaciones que involucran a Jaime Luis Lacouture Peñaloza, ex magistrado del CNE y hoy secretario de la Cámara de Representantes.
El hoy reelecto Secretario de la Cámara de Representantes de Colombia fue magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE llegó a esta corporación en el año 2022, cuando el Partido Conservador lo postuló y fue respaldado mayoritariamente.
Fue el responsable de dar muerte política al partido Opción Ciudadana y permitir que alias el ‘Tuerto Gil’ quedará en impunidad y se robará toda la reposición de votos de este partido mientras se sancionaban candidatos que habían sido engañados por esta mafia paramilitar para sumar votos, todo esto se desarrolló en un concierto para delinquir donde desaparecieron los informes de campaña, se robaron la reposición de votos y el hoy Secretario de la Cámara de Representantes investigado por corrupción sirvió como instrumento desde el CNE para acribillar a candidatos de bajos recursos con una multa que sumó más de dos mil millones de pesos, aunque este delito fue denunciado ante la Fiscalía, como es costumbre, la investigación fue archivada.
Lacouture ha sido mencionado en el contexto del escándalo de corrupción por la compra de carrotanques destinados a La Guajira, un caso que ha puesto bajo escrutinio a varios funcionarios.
Este señalamiento ha sido usado como argumento por algunos congresistas para oponerse a su reelección como Secretario General de la Cámara de Representantes.
Su nombramiento en cargos públicos ha sido cuestionado por sus relaciones con personas implicadas en otros casos de corrupción. Por ejemplo, se le señala de tener cercanía familiar o política con el exsenador Bernardo Miguel Elías ‘Ñoño’ Elías, condenado en un proceso de corrupción.
En 2024 – 2025 hubo llamados públicos por parte de algunos parlamentarios para que su reelección no procediera, argumentando que su nombre “está manchado” por los cargos en Fiscalía y los escándalos en los que ha sido mencionado.
El sociopolítico del ex magistrado del CNE Lacouture es Luis Alberto Gil Castillo, conocido como ‘El Tuerto Gil’. La acusación central contra Gil es que, durante sus campañas y actividades políticas con Convergencia Ciudadana, después Opción Ciudadana, habría pactado con grupos paramilitares, en particular con unidades de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ese vínculo habría garantizado apoyo armado, presión sobre electores y control territorial, lo cual distorsiona la competencia electoral. Esa acusación forma parte del proceso por «concierto para delinquir». Por ese delito fue condenado.
La puerta giratoria hace evidente como estos mafiosos se salen con la suya ante la manipulación de la Fiscalía, el Congreso y su instrumento político para dar muerte política, el Consejo Nacional Electoral.
En el año 2024 surgió una polémica por dos contratos adjudicados directamente por el CNE, por un valor conjunto de unos 22.000 millones de pesos, a una empresa llamada Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle (ERT).
La adjudicación suscitó críticas porque la ERT está vinculada a ciertos partidos políticos y figuras influyentes, lo que planteó sospechas de conflicto de interés y trato preferencial.
En particular, se destacó que algunas de las personas relacionadas con los contratos tenían nexos con partidos que podrían beneficiarse políticamente, lo que alimentó la desconfianza sobre la imparcialidad del CNE.
Una imparcialidad que es contundente y dictatorial. La polémica por los contratos de 22.000 millones y las denuncias de corrupción coincidieron con cambios en la presidencia del CNE. En ese contexto, surgen dudas sobre posibles conflictos de interés, favoritismos para ciertos partidos políticos, o manejos internos bajo criterios políticos más que técnicos.
En el año 2023, el magistrado César Lorduy, presidente del CNE en ese momento, fue denunciado por una congresista, que lo acusó de pedir 500 millones de pesos o favores sexuales para no revocar la candidatura de una aspirante a la alcaldía de Santa Marta.
El carácter político del CNE (magistrados elegidos por partidos) suscita críticas de falta de independencia, y decisiones como la limitación de competencia para sancionar a un presidente reflejan debilidades estructurales.
De acuerdo con información suministrada por W Radio Colombia, El Tribunal Superior de Bogotá ordenó introducir la totalidad de los chats WhatsApp del año 2018 entre el actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, el mismo que sanciona la campaña presidencial de Gustavo Petro y Carlos López Callejas, alias ‘Caliche’, en el juicio oral contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
Esto sumado a otros procesos judiciales del actual presidente del CNE por incitar a la violencia política, sumado al revanchismo por la condena contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez por actos criminales y terroristas con grupos paramilitares, hace evidente que el CNE es el instrumento para aniquilar la democracia no para defenderla ni para garantizarla.
Redacción Política Pluralidad Z de Daniel Mejía Lozano.
