El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a quedar en el centro de la polémica por los falsos positivos, luego de que un mural pintado cerca de su finca en Llanogrande, Antioquia, desatara un enfrentamiento político entre sectores del uribismo y organizaciones sociales vinculadas al Pacto Histórico.
La jornada fue convocada por el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Hernán Muriel, quien lideró un acto de «pedagogía de la memoria» a unos 300 metros de la residencia del exmandatario.
Álvaro Uribe rechaza mural que recuerda las víctimas de falsos positivos
En el mural quedó plasmada la cifra de 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 1990 y 2016.
«Estamos aquí en Llanogrande, a 300 metros de la casa de Álvaro Uribe. Estamos con diferentes organizaciones sociales, víctimas y defensoras de derechos humanos haciendo un acto de movilización social y pedagogía de la memoria con la cifra de 7.837 falsos positivos nuevos que arrojó la JEP», declaró Hernán Muriel durante la actividad.
El congresista aseguró además que la Policía intentó impedir la manifestación: «La memoria como derecho fundamental está salvaguardada por otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y la movilización social», afirmó.
La reacción de Uribe no tardó, el exmandatario canceló parte de su agenda política en Medellín y regresó a su finca tras enterarse de la protesta. Horas después apareció junto a simpatizantes tapando el mural con pintura blanca.
«Me parece que esto es una provocación de violencia. A mí primero me tienen que matar antes de maltratar a mi familia», dijo el expresidente, quien también pidió al Centro Democrático responder «con mucha firmeza» frente a este tipo de actos.
El episodio volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los falsos positivos y el papel que tuvo el Estado durante los gobiernos de Uribe.
Aunque el exmandatario ha negado reiteradamente cualquier responsabilidad, las cifras de la JEP muestran que la mayor parte de las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron durante sus dos periodos presidenciales.
La JEP estableció inicialmente que entre 2002 y 2008, años en los que Uribe gobernó el país, se registraron al menos 6.402 víctimas de falsos positivos. Posteriormente, el tribunal amplió la cifra a 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016.
Las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, consistieron en asesinatos de civiles presentados falsamente como bajas en combate por integrantes de la Fuerza Pública.
Comparecientes ante la JEP han reconocido la existencia de incentivos institucionales y presiones por resultados militares durante esos años.
El mural impulsado por Muriel buscaba precisamente recordar a las víctimas de esos crímenes. Sin embargo, desde sectores uribistas se interpretó como una provocación política.
La senadora Paloma Valencia y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, criticaron la actividad y cuestionaron al Gobierno nacional y al Pacto Histórico.
Uribe incluso acusó, sin presentar pruebas, al candidato presidencial Iván Cepeda de estar detrás de la convocatoria. «Cepeda, cobarde, deje de mandar personas a mi casa donde estaba mi señora sola», escribió el exmandatario en sus redes sociales.
Muriel respondió señalando que el acto fue organizado por colectivos sociales, víctimas y defensores de derechos humanos. «Quieren meter a Iván Cepeda en esta coyuntura porque se ven acorralados», afirmó. «Si me di cuenta de algo hoy, es que Álvaro Uribe no respeta ni su propia palabra. Menos mal todo está grabado».
