En la tarde de ayer miércoles 19 de enero de 2022, el alcalde William Dau, se despachó contra los entes de control de Cartagena y el país; denunciando la complicidad de estos entes con la corrupción en la ciudad.
“No hay quien salve a Cartagena porque los procuradores, los fiscales, los contralores, los jueces penales y los magistrados son cómplices de la corrupción y la pobreza que hay en la ciudad”, expresó el mandatario.
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Durante su alocución por Facebook Live, también acusó a los jueces penales y magistrados de no hacer nada por Cartagena, porque se hacen los de la oreja sorda ante las denuncias por corrupción que él ha hecho en varias ocasiones.
Usando palabras de “grueso calibre” con el lenguaje que lo ha caracterizado en el tiempo que lleva de mandato, según él, para que le presten atención, denuncia la persecución política de la que es objeto por parte de algunos concejales y del contralor distrital porque, denuncia, se basan en nimiedades para tratar de invalidar el nombramiento de los funcionarios de su administración.
Actualmente se adelantan investigaciones contra Johana Bueno, su directora de salud por unos pagos a IPS de garajes y contra María Claudia Peña, gerente de Transcaribe, por incumplimiento de los requisitos para el cargo.
A lo que responde que todo esto responde al mismo montaje que en su momento denunció; se trata de presiones de los concejales pidiendo prebendas y al no conseguirlas amenazan a sus funcionarios con denuncias ante la procuraduría.
En el caso de la gerente de Transcaribe, aclara que su nombramiento se da luego de varias consultas, tanto al Departamento Administrativo de la función Pública, la junta directiva de Transcaribe y al Ministerio del Transporte, y por no haber objeciones a su nombramiento se le nombró en el cargo.
En defensa de sus funcionarios, con un tono alterado, se atrevió a afirmar que si el contralor distrital se atreve a tocar a uno solo de sus funcionarios; se van a las vías de hecho y en el caso de alteración del orden público del Distrito, responsabiliza al Fiscal General, a la Procuradora y al Contralor.
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