El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que enviará cartas al FBI, la DEA y la HSI para pedirles que gestionen solicitudes de extradición contra 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá que quedaron cobijados por una resolución de la Fiscalía General que levantó sus órdenes de captura.
La medida, adoptada en el marco de la mesa de paz urbana impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, desató una reacción inmediata de los mandatarios regionales, que ya mueven fichas jurídicas y diplomáticas para frenarla.
Fico solicitó extradición de cabecillas criminales
La resolución de la Fiscalía, fechada en los últimos días de marzo, suspendió las capturas de voceros reconocidos por el Ejecutivo como integrantes de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) en Medellín y municipios del Valle de Aburrá, incluido Rionegro. Entre los beneficiados aparecen alias como «Alber», «Mundo Malo», «Carlos Pesebre», «Douglas», «Tom» y «Lindolfo», varios de ellos recluidos en centros penitenciarios pagando condenas por homicidio, extorsión y narcotráfico.
Gutiérrez justificó el recurso a las agencias estadounidenses recordando que entre 2016 y 2019 esas mismas autoridades respaldaron operativos contra estas estructuras y que varios de sus jefes figuran en solicitudes de extradición activas.
«Entre los cabecillas beneficiados suman 360 años de condena y muchos de ellos están sindicados de haber llevado droga a los Estados Unidos», dijo el alcalde, quien agregó que ya entabló comunicación con el embajador de ese país en Colombia.
El mandatario también reveló que entre los beneficiados por la resolución hay personas que figuran como autores de amenazas directas en su contra.
Desde la Alcaldía, además, preparan un texto dirigido al Congreso de la República que podría servir de base para tramitar la derogatoria de la ley de política de paz urbana, y un oficio para la fiscal general Luz Adriana Camargo detallando el prontuario de delitos de estos cabecillas y el impacto sobre las víctimas.
La Gobernación de Antioquia demanda ante el Consejo de Estado
El gobernador Andrés Julián Rendón y el abogado Carlos Fernando Duque Gómez, apoderado judicial de la Gobernación, interpusieron este lunes 6 de abril una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución de la Fiscalía.
La acción jurídica arrancó de una solicitud que en febrero pasado hizo la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, para suspender precisamente esas órdenes de captura. «No son cualquiera: responsables de homicidios, extorsión, desapariciones y narcotráfico; durante años han sembrado miedo, reclutan jóvenes y desplazan familias», advirtió Rendón al respaldar la demanda.
La Gobernación sostiene que la entidad adoptó la suspensión «sin verificación individual efectiva de los beneficiarios, sin acreditar condiciones concretas orientadas a la satisfacción de los derechos de las víctimas», convirtiendo así un instrumento de justicia transicional en una medida de aplicación amplia y sin controles reales.
La demanda también señala que la resolución contradice normas internacionales sobre crimen organizado y configura lo que el texto llama un «supuesto de inconvencionalidad», al contrariar obligaciones internacionales de persecución penal efectiva. Además, los demandantes pidieron la suspensión temporal de los efectos de la resolución mientras el Consejo de Estado resuelve el recurso.
La propia Fiscalía había emitido el 31 de marzo un pronunciamiento aclarando que la medida «no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario», y que sus efectos se limitan a Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro.
Esa aclaración no frenó las acciones de los mandatarios locales, que ven en la medida una decisión con motivaciones políticas de cara al calendario electoral.
El documento concluye que la Fiscalía «se excedió en sus competencias y tomó una decisión que está por fuera de los límites de sus responsabilidades».
