El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a generar controversia en plena recta final de la campaña presidencial tras publicar un video desde Segovia, Antioquia, en el que envió un mensaje directo al ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
«Un mensaje al ELN, a las FARC, a las autodefensas gaitanistas, al Clan del Golfo: no se confíen de Cepeda. Apenas sienta un apretón de Estados Unidos los entrega», afirmó Uribe en compañía de los congresistas Hernán Cadavid y Juan Espinal.
Álvaro Uribe se dirige al ELN, las disidencias y el Clan del Golfo
El exmandatario agregó además que, con Paloma Valencia, «las cosas son en serio» y habló de un eventual sometimiento a la justicia «de acuerdo con la Constitución».
Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas por el tono del mensaje y por la manera en que el expresidente convirtió a estructuras armadas ilegales en interlocutores directos del debate electoral.
Cabe recordar que tanto el Centro Democrático como su candidata presidencial, Paloma Valencia, han mantenido una postura crítica frente a las negociaciones de paz.
Paloma Valencia también ha defendido públicamente una línea más dura frente a las estructuras armadas ilegales, señalando que organizaciones como el ELN y las disidencias deben enfrentar un enfoque principalmente judicial y de seguridad, más que político.
El episodio también reavivó cuestionamientos sobre la relación histórica del uribismo con los procesos de negociación y sometimiento de grupos armados.
Durante años, sectores de la derecha han señalado al senador de supuesta cercanía con organizaciones ilegales. Sin embargo, en medio de la campaña presidencial, fue el propio Uribe quien terminó dirigiéndose públicamente a esos grupos para advertirles que no confiaran en Cepeda y sugerir que con Valencia podrían encontrar un escenario distinto.
Las declaraciones del expresidente Uribe también recordó uno de los capítulos más polémicos de su gobierno: la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos en 2008, en medio del proceso de Justicia y Paz.
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Aquella decisión fue cuestionada por las víctimas y defensores de derechos humanos, quienes aseguraron que las extradiciones frenaron el esclarecimiento de vínculos entre estructuras paramilitares y sectores políticos, económicos y militares del país.
En ese contexto, el uribismo lideró la desmovilización de las AUC bajo el acuerdo de Santa Fe de Ralito, proceso en el que más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron oficialmente, aunque persisten cuestionamientos sobre verdad, justicia y reparación para las víctimas.
Mientras tanto, Iván Cepeda ha insistido públicamente en rechazar cualquier intervención de grupos armados en las elecciones. «Los grupos armados no pueden presionar a la población, no deben influir de ninguna manera en el proceso electoral», aseguró recientemente el candidato presidencial.
