Para nadie es un secreto, que Distriseguridad, entidad liderada, por Jaime Hernández Amín ha estado en las últimas semanas, en el centro del debate público, por las controversias generadas desde su director hasta un contratista, que le propinó un golpe en el rostro, a una mujer habitante de calle, en plena vía pública del Centro Histórico de Cartagena.
Hernández fue citado a un debate de control político, el 24 de julio, en el Concejo Distrital, al que no asistió. Sin embargo, el concejal, Javier Julio Bejarano aseguró en la plenaria: «que no habrá otra Alcaldía, con músculo financiero como lo tiene esta administración, y pasarán muchos años, para tener la capacidad económica de la que hoy goza la ciudad, y si este Concejo está brindando todas las herramientas, para que Cartagena se desarrolle, también tenemos el deber de hacer los llamados cuando los funcionarios, se desenfoquen de su misión fundamental».
Julio, proponente del debate, cuestionó duramente las actuaciones de Hernández y enfatizó, que Distriseguridad fue constituida, para brindar apoyo logístico y tecnológico, a la fuerza pública, con el objetivo de garantizar la seguridad y convivencia pacífica.
A Distriseguridad le han aprobado $160.276 millones, entre el 2024 y 2025; pero la entidad ha contratado en lo que va de este año, 269 órdenes de prestación de servicios (OPS), por $7.219 millones.
En la intervención también se dio a conocer que, ha celebrado 4 contratos, por $17.571 millones, entre el año 2024 y 2025, para la adquisición, instalación y mantenimiento de cámaras, que aún no funcionan.
«Las cámaras sirven para atrapar infractores de tránsito y perseguir a los motorizados en la ciudad, pero resulta que no funcionan cuando se trata de verificar hechos delictivos claves, para capturar a los autores de la delincuencia común y el crimen organizado», dijo el concejal Julio.
Otra contratación que salió a relucir fue el de la instalación de 20 garitas y la señalización de playas en la zona costera e insular, por $5.100 millones.
Este proyecto ha sido objeto de cuestionamiento ciudadano, por el presunto sobrecosto, debido a que el valor promedio de cada garita supera los $250 millones.
Tampoco pasó desapercibido, que Hernández no contara con licencia o título de navegación marítima vigente, hecho que se confirmó, el martes, 22 de julio, tras una verificación realizada en el Sistema Integrado de Tráfico y Transporte Marítimo (SITMAR), según el concejal.
A esto se suma, que a esa fecha también carecía de licencia, para conducir motocicletas, y más cuando se le ha visto en videos acompañando operativos en tierra del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), y en el mar conduciendo una embarcación en actividades con el Cuerpo de Guardacostas, exigiendo el cumplimiento de la norma, cuando él no da ejemplo.
Los escandalosos episodios protagonizados por Hernández ponen en evidencia a una entidad, que se desmorona y que marcha a la deriva, con una dirección opaca, incapaz de ejecutar un plan de acción serio, que ataque el delito; pero que por el contrario sí demuestra un talante logístico, para la creación de contenido audiovisual de su director, que lo catapulten a la cima de la cobertura mediática, que sucumbe a los oídos de una frágil ciudadanía expuesta al hampa, que pide a gritos protección institucional.
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