Sin hacer referencia directa al caso que imputó los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal al expresidente Álvaro Uribe Vélez en primera instancia, la Corte Suprema de Justicia a través de un comunicado rechazó las «injerencias indebidas» en los procesos judiciales del país.
La decisión de primera instancia provocó el rechazo de Estados Unidos, lo que llevó a la Corte a emitir un comunicado.
¿Qué dijo la Corte Suprema?
«La Corte Suprema de Justicia manifiesta su firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico», afirmó el tribunal en su comunicado.
Además, la Corte advierte que este tipo de comentarios no sólo desgastan la legitimidad del Poder Judicial, sino que también pueden poner en riesgo la integridad física, moral y psicológica de los magistrados a cargo de procesos sensibles.
La Asociación de Mujeres Juezas respaldó este punto, al señalar que las amenazas dirigidas a la jueza Sandra Liliana Heredia representan una «grave vulneración» que exige protección y respeto.
Por otra parte, el comunicado aclara que los involucrados en procesos judiciales cuentan con vías procesales legales para expresar desacuerdos —apelaciones, reposición, recursos y otros mecanismos contemplados en la legislación— y no deben recurrir a descalificaciones públicas o intimidatorias fuera del debido proceso.
Debido a que una vez fue emitido el fallo condenatorio por dos de tres delitos, hubo quejas políticas y diplomáticas, no solo nacionales, sino también extranjeras.
El caso más sonado en este momento en el país es el juicio y dictamen en contra el expresidente Uribe, a quien el día viernes 01 de agosto a las 2 p.m. la jueza Sandra Heredia le determinará su condena, por fraude y soborno en el caso de falsos testigos.
¿Qué tiene que ver Uribe?
La resolución emitida el día lunes 28 de agosto, ha generado tensiones entre sectores de la derecha y voces internacionales como la del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, criticado por el gobierno colombiano como una forma de injerencia.
Además, múltiples miembros del partido Centro Democrático, se quejaron del fallo. Entre ellos sus precandidatas presidenciales Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, quienes dicen que la jueza tuvo sesgos políticos.
El día jueves 31 de julio de 2025, en horas de la mañana, las víctimas acreditadas en el proceso se quejaron ante organismos internacionales por injerencias extranjeras en el fallo.
Organizaciones de derechos humanos y el senador Iván Cepeda Castro, el abogado Miguel Ángel del Río, junto a Deyanira Gómez y otras víctimas, alertaron hoy ante la ONU y la CIDH sobre presiones externas al poder judicial colombiano tras el fallo de primera instancia que condenó al expresidente por fraude procesal y soborno en actuación penal.
En una carta dirigida a Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la independencia judicial, y a Roberta Clarke, relatora sobre defensores de derechos humanos de la CIDH, denunciaron que expresiones y acciones de altos funcionarios y legisladores de Estados Unidos podrían interpretarse como interferencias peligrosas, lo cual amenaza directamente la independencia judicial, el debido proceso y el equilibrio institucional del país.
Luego de la emisión del comunicado por parte de la Corte, el presidente Gustavo Petro agradeció públicamente a la Corte Suprema por defender la independencia de la justicia nacional.
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