Tras años de abandono y promesas incumplidas, la sanción de la Ley 2500 de 2025 representa un punto de inflexión para la economía de La Guajira. Con esta nueva normativa, se oficializa la reactivación de las Salinas Marítimas de Manaure (SAMA LTDA), un proyecto estratégico que busca devolverle al departamento el control sobre uno de sus recursos más valiosos y generar un impacto social profundo y duradero.
Esta victoria legislativa no fue fortuita, sino el resultado de una articulación sin precedentes entre el Gobierno del presidente Petro, liderado en este esfuerzo por el exministro de Comercio, Germán Umaña; la bancada del Pacto Histórico, la Superintendencia de Sociedades y el respaldo decisivo de figuras como la senadora Aída Avella. El proyecto, que nació desde las bases sociales de La Guajira, logró consolidar en el Congreso un consenso que une los intereses del Estado con los de las comunidades indígenas y los actores productivos locales.
Un rescate financiero con visión de futuro
El corazón de la ley es un plan de rescate integral. El Gobierno del Cambio ha destinado una partida de 61 mil millones de pesos, un capital semilla que permitirá no solo saldar las deudas del pasado, sino también modernizar la infraestructura tecnológica de la empresa. El objetivo es claro: hacer de SAMA LTDA una compañía competitiva, eficiente y sostenible.
La nueva estructura de propiedad refleja este enfoque mixto y colaborativo. El Estado mantendrá el control mayoritario con un 50.1% de las acciones, garantizando así su rol estratégico. Sin embargo, el 49.9% restante quedará en manos de actores locales, incluyendo al municipio de Manaure y a diversas asociaciones indígenas.
Este modelo de participación, impulsado activamente desde las comisiones económicas del Congreso, busca asegurar que las decisiones estratégicas y los beneficios económicos se queden en el territorio y respondan a las necesidades de su gente.
Para un departamento con urgentes necesidades de oportunidades laborales, la reactivación de SAMA LTDA es una noticia transformadora. Se proyecta una generación masiva de empleo formal en áreas clave como la producción, la logística, la administración y la comercialización de la sal. Este impulso no solo beneficiará directamente a los trabajadores contratados, sino que también dinamizará toda la cadena productiva asociada.
Se espera que miles de familias, tanto wayuu como no wayuu, que históricamente han dependido de la actividad salinera, vean una mejora sustancial en sus ingresos.
La ley incentiva la contratación de proveedores locales y la creación de nuevas oportunidades de negocio en torno a la industria, lo que podría convertir a SAMA LTDA en el motor de un nuevo ecosistema productivo en la región.
Aprendiendo de los errores del pasado, la ley incorpora salvaguardas robustas para proteger el patrimonio público y garantizar una gestión transparente. Una de las cláusulas más importantes, exigida por las propias comunidades, es la prohibición de vender las acciones del Estado durante un periodo de 20 años.
Esta medida asegura que la empresa se consolide y recupere la inversión pública antes de cualquier posible privatización.
Adicionalmente, se establecieron mecanismos de control como la selección del gerente a través de un riguroso concurso de méritos y la implementación de auditorías periódicas. Estas herramientas, promovidas por legisladores como la senadora Avella, tienen como fin blindar a la empresa de intereses particulares y asegurar que su administración se enfoque exclusivamente en el beneficio colectivo.
El desafío ahora reside en la implementación. Si se mantiene la unidad y el compromiso demostrado en el Congreso, SAMA LTDA tiene el potencial de convertirse en un referente de empresa mixta con alto impacto social, marcando el inicio de un camino hacia la soberanía productiva para La Guajira.
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