La situación de los pasaportes en Colombia ha generado controversia debido a presuntas irregularidades en los procesos de licitación.
La empresa Thomas Greg & Sons ha sido criticada por supuestas prácticas que han impedido la participación equitativa de otros oferentes en la obtención de contratos con la Cancillería colombiana durante los últimos años.
En 2019, bajo la administración de Duque, y posteriormente en 2023 y 2024, se habrían organizado las licitaciones de manera que Thomas Greg & Sons resultara favorecida en la adjudicación de contratos para la emisión de pasaportes.
La polémica por los pasaportes
Ante este panorama, una empresa colombiana en alianza con la casa de la Moneda de Portugal intentó participar en la licitación, pero fue rechazada a pesar de contar con el respaldo de un laboratorio internacional que cuestionó la transparencia del proceso en Colombia.
A pesar de recibir recomendaciones para mejorar el proceso de licitación, el Ministerio de Relaciones Exteriores no habría tomado en cuenta estas sugerencias en la licitación de 2023 ni en la de 2024.
En mayo de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dio inicio el proceso de licitación con el objetivo de seleccionar una nueva empresa responsable de la producción, distribución y suministro de los pasaportes, así como de la entrega de las etiquetas de visa colombiana. Estos documentos son imprescindibles para los viajes internacionales.
Al concurso público, que adjudicaba un contrato por un monto de 599.651 millones de pesos (unos $140 millones de dólares), se presentaron once empresas, entre ellas Thomas Greg & Sons.
Después de revisar los términos de la convocatoria, siete de las compañías que inicialmente habían mostrado interés optaron por retirarse al percibir que el proceso de selección estaba inclinado a favor de Thomas Greg & Sons.
En respuesta, la Cancillería anunció que el proceso sería seguido de cerca por la Fiscalía y la Contraloría, pero luego, a mediados de junio, el canciller Álvaro Leiva suspendió la licitación con el objetivo de analizar las observaciones de las empresas que criticaron el proceso.
La controversia creció cuando, en medio de una suspensión de la licitación en 2024, el presidente Petro solicitó la anulación de la adjudicación a Thomas Greg & Sons, lo cual fue considerado ilegal.
Thomas Greg & Sons no se quedó de brazos cruzados y decidió interponer una demanda por más de $117 mil millones en contra del Estado, argumentando haber cumplido con los requisitos para que se le adjudicara el contrato de $600 mil millones, que terminó siendo desierto.
En la actualidad, la disputa legal continúa a pesar de los intentos de conciliación. Sin embargo, Thomas Greg & Sons continúa produciendo pasaportes debido a una declaratoria de emergencia.
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