El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado públicamente la existencia de una presunta macroestructura criminal a la que denominó la «Junta del Narcotráfico», que también tendría relación con el caso de Miguel Uribe Turbay. En una serie de declaraciones de extraordinaria gravedad, el mandatario aseguró que esta organización no solo estaría detrás de la violencia asociada al negocio de las esmeraldas, sino que también habría infiltrado la cúpula de la Fiscalía General de la Nación durante la administración de Francisco Barbosa y habría ordenado su asesinato.
Las afirmaciones del jefe de Estado surgieron como respuesta a un comunicado del ELN, en el cual esa guerrilla se desmarcó del asesinato de Miguel Uribe Turbay, atribuyéndolo a un conflicto por negocios de esmeraldas en el que, según ellos, estaría involucrada la disidencia de la «Segunda Marquetalia».
El detonante: el negocio de las esmeraldas
Según la tesis expuesta por el presidente Petro, una violenta disputa por el control de minas en Boyacá es uno de los frentes de esta organización.
Vinculó los recientes asesinatos de esmeralderos en Bogotá, perpetrados por francotiradores, con los intentos del narcotraficante Julio Lozano de recuperar bienes ligados al lavado de activos.
Lozano, quien fue capturado en Estados Unidos, buscaría retomar el control de una mina en Coscuez que, según el mandatario, fue vendida por uno de sus testaferros.
La denuncia presidencial apuntó directamente a la pasada administración de la Fiscalía de Francisco Barbosa.
Petro aseveró que la cúpula de la entidad no investigó a Julio Lozano ni al capo uruguayo Sebastián Marset, presunto socio del primero y principal sospechoso en el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
De acuerdo con el mandatario, la Fiscalía estaba permeada por un grupo de «narcofiscales» que, además de facilitar la exportación de cocaína, habrían utilizado el proceso judicial contra su hijo, Nicolás Petro, como herramienta de presión en la conformación de la terna para elegir a la nueva Fiscal General.
Una red de alcance transnacional
En su exposición, el presidente describió a la «Junta del Narcotráfico» como una federación de mafias con un capítulo colombiano que sesiona en Puerto Boyacá y Medellín, y que contaría con la participación de actores políticos.
A nivel global, esta red tendría asiento en Dubái y articularía intereses con mafias albanesas e italianas.
Petro añadió que, para el asesinato del fiscal Pecci, Marset movilizó dinero a través de una organización religiosa con presencia en Paraguay y Colombia, la cual, según él, también habría movilizado simpatizantes en favor del expresidente Álvaro Uribe durante su detención.
Implicaciones en la seguridad nacional y la ‘Paz Total’
El presidente afirmó que esta poderosa organización criminal, responsable de una parte significativa del narcotráfico del país, es la que ha ordenado su asesinato. «Decenas de toneladas de este grupo han caído en manos de las autoridades de Colombia y Venezuela. Por eso han ordenado mi asesinato», declaró.
Asimismo, condicionó el futuro de los diálogos de paz con el Clan del Golfo y las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y la ‘Segunda Marquetalia’. El primer mandatario fue enfático al afirmar que cualquier negociación depende de que estos grupos armados rompan sus vínculos con la «Junta del Narco» y procedan al desmantelamiento de sus economías ilícitas.
Las declaraciones del presidente Petro configuran uno de los escenarios más complejos de su mandato, abriendo serios interrogantes sobre la infiltración del crimen organizado en el Estado y poniendo en manos de las autoridades competentes la monumental tarea de corroborar y judicializar estas denuncias.
Por el momento, las partes señaladas, incluyendo exfuncionarios de la Fiscalía, no han emitido una respuesta oficial.
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