
En una sentencia de 82 páginas, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe y a un oficial identificado como ‘General Ospina’, por su presunta implicación en los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Jorge Eduardo Umaña, ocurridos en 1998.
La decisión se deriva de la sentencia condenatoria contra José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien fue hallado responsable del secuestro de la entonces senadora Piedad Córdoba el 21 de mayo de 1999.

Piden investigar a Álvaro Uribe y a su hermano por homicidio
Narváez fue condenado a 28 años de prisión, al pago de una multa superior a 3.400 salarios mínimos y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el mismo tiempo de la pena. Además, deberá indemnizar con 800 salarios mínimos a la hija de la exsenadora, Natalia María Córdoba Castro.
Según la investigación, Narváez, quien mantenía vínculos con el jefe paramilitar Carlos Castaño, habría influido directamente para que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ordenaran el secuestro de Córdoba. El fallo recoge testimonios y documentos que describen la articulación entre agentes estatales y grupos armados ilegales.
«De manera consistente y detallada, distintos desmovilizados de las AUC relataron la participación de Narváez como miembro orgánico de esa estructura, sus frecuentes visitas a los campamentos de Carlos Castaño, su ideología radical, las capacitaciones en las que enseñaba que era ‘lícito’ matar guerrilleros y las listas de objetivos que él mismo dictaba para ser atacados, entre otros hechos», señala la sentencia.
El juzgado también reconstruyó la historia del paramilitarismo en Antioquia y el papel que jugaron las Convivir como espacios de coordinación entre empresarios regionales y grupos armados.
Sobre ese punto, el fallo indicó que las Convivir fueron utilizadas para canalizar recursos y coordinar acciones con los grupos armados en la región.
La compulsa de copias contra los hermanos Uribe aparece en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia emitida el 6 de octubre de 2025.

El juzgado cita textualmente: «COMPULSAR COPIAS a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez y al General Ospina como presuntos determinadores del homicidio de los ciudadanos Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo».
La decisión se fundamenta, según el despacho, en la valoración de testimonios y documentos judicializados durante el proceso, incluidos relatos de exparamilitares que mencionan una reunión celebrada en 1997 en la finca La Marranera.
En esos relatos aparecen como asistente Carlos Castaño, los hermanos Uribe y un oficial identificado como ‘General Ospina’, presuntamente vinculado a la Cuarta Brigada del Ejército.
Entre los declarantes figura Francisco Enrique Villalba, quien aseguró que en esa reunión se discutieron listados de defensores de derechos humanos y líderes sociales considerados «enemigos». Según la sentencia, entre los nombres mencionados estaban Jesús María Valle y Jorge Eduardo Umaña.
El propio Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente, calificó la decisión como ‘miserable’ y dijo que se fundamenta «en una declaración ‘fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente’». Agregó que, a su juicio, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desvirtúa esos señalamientos.
El juzgado aclara que la compulsa de copias no constituye una imputación penal automática contra las personas mencionadas. Es, en palabras del fallo, una obligación legal del juez cuando durante un proceso aparecen hechos o personas posiblemente vinculados a delitos distintos.
Corresponde ahora a la Fiscalía General de la Nación analizar los elementos remitidos y decidir si hay méritos para iniciar una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano por homicidios en Antioquia en 1998.
Redacción Nación Pluralidad Z.
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