La Procuraduría General de la Nación comunicó al Consejo de Estado que deben anularse los Decretos que establecen la normativa para implementar el fracking en el país.
Dichos decretos, el 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, según la Delegada de la Procuraduría, irían en contra de lo establecido en la Constitución en los Artículos 79 y 80 y el Artículo 1 de la Ley 99 de 1993.
En dichos artículos, la Constitución establece el principio de precaución bajo el cual prima la protección del medio ambiente.
Además de la gestión del desarrollo sostenible que ampara y salvaguarda el recurso hidrográfico del país del que depende la preservación de la fauna y flora nacional, además de la salud humana.
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¿Qué es el fracking?
El fracking, que es una técnica de explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, según base científica, hace uso de químicos para fracturar la roca de la cual pueden extraerse los combustibles fósiles.
Impacto ambiental
Dicha mezcla química, que es inyectada para fracturar la roca, podría ocasionar filtraciones que contaminen de forma grave e irreversible los recursos hídricos tanto subterráneos como superficiales.
Además de perjudicar la calidad del suelo, su fertilidad y de la posibilidad de que se produzcan movimientos sísmicos en las zonas de exploración y explotación.
«Inconstitucionales»
Teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece el desarrollo sostenible y la protección del ambiente como una prioridad, la Procuraduría señala que los decretos que reglamentan la implementación del fracking en Colombia deben ser anulados por inconstitucionales.
Otro agravante es que, según manifestó el ente de control, Colombia no cuenta con una sólida base científica que le permita controlar los posibles daños generados en los recursos naturales.
Tampoco se posee información suficiente acerca de recursos ambientales, geológicos y condiciones sísmicas de los territorios susceptibles de explotación en el país.
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