El Gobierno nacional oficializó una inversión estratégica dirigida a solucionar los problemas de movilidad en el corredor que conecta al centro del país con los Llanos Orientales. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó el plan de acción por 109 mil millones de pesos destinado a intervenir los puntos críticos de la vía Bogotá–Villavicencio, específicamente en sectores neurálgicos que han afectado la conectividad histórica entre estas dos regiones.
Este anuncio se realizó desde la capital del Meta y establece una hoja de ruta técnica para mitigar los riesgos geológicos.
Inversión millonaria para intervenir la vía Bogotá–Villavicencio
La iniciativa cuenta con el acompañamiento directo de la Contraloría General de la República (CGR), entidad que vigilará la correcta ejecución de los recursos públicos en este proyecto de infraestructura vital.
La vía Bogotá–Villavicencio no solo representa una arteria vial para el transporte de pasajeros, sino que es el canal principal por donde transitan los alimentos y mercancías que abastecen a la capital colombiana y al resto del país. La inestabilidad del terreno ha sido un dolor de cabeza constante para transportadores y habitantes de la región, por lo que esta asignación presupuestal busca pasar de las soluciones temporales a las intervenciones estructurales definitivas.
El plan presentado por la ANI se ha desglosado en dos fases operativas diseñadas para atacar los problemas de manera escalonada. La primera fase se concentra en el corto plazo y tiene como objetivo la mitigación inmediata de los riesgos actuales. Para este fin se han asignado 9.177 millones de pesos que serán ejecutados en obras urgentes sobre el kilómetro 18 (K18). Este punto específico ha sido identificado por los ingenieros y geólogos como uno de los tramos con mayor inestabilidad geotécnica, presentando recurrentes deslizamientos que obligan al cierre preventivo del corredor.
La segunda fase del proyecto apunta hacia una visión de largo plazo con soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad de la vía. La proyección de la ANI establece que para el año 2026 se destinarán 100 mil millones de pesos adicionales. Estos recursos tendrán como finalidad la construcción del nuevo puente Naranjal y la estabilización completa del K18. La construcción del puente Naranjal es una obra de ingeniería necesaria tras las afectaciones sufridas por las avalanchas y crecientes súbitas de las quebradas aledañas, sucesos que en el pasado han dejado incomunicada a la región durante semanas.
Es importante destacar que la vicepresidencia de Estructuración de la ANI se encuentra adelantando los análisis de alternativas técnicas, jurídicas y financieras.
El objetivo de estos estudios es consolidar una solución integral que permita, en un futuro cercano, abrir un proceso para un nuevo contrato de Asociación Público-Privada (APP). Este modelo de gestión busca entregar la operación y el mantenimiento de la vía a un concesionario que pueda asegurar estándares de calidad y seguridad, reduciendo la incertidumbre para los usuarios que transitan diariamente por este corredor.
La importancia económica de estas obras es innegable para el desarrollo del Meta y Cundinamarca. La vía Bogotá–Villavicencio es el eje por donde se mueve la economía agropecuaria, petrolera y turística de la orinoquía colombiana. Los constantes cierres viales han generado pérdidas millonarias en el pasado, encareciendo los fletes de transporte y afectando el precio final de los alimentos en las centrales de abastos de Bogotá.
El compromiso interinstitucional entre el Gobierno y los entes de control como la Contraloría resulta fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía. Los habitantes del Meta han reclamado durante años intervenciones que no sean simples «paños de agua tibia», sino obras de ingeniería robustas capaces de soportar las condiciones adversas de la cordillera Oriental.
Por último, la ANI ha reiterado su compromiso total con los usuarios de la vía. Las medidas inmediatas permitirán atender las emergencias actuales mientras se avanza en los procesos licitatorios y constructivos de gran envergadura. La conectividad entre el centro y el oriente del país es una prioridad de estado que requiere de la ejecución eficiente de estos recursos para garantizar que el flujo vehicular sea seguro, estable y permanente en el tiempo.
Redacción Nación Pluralidad Z.
