Colombia enfrenta un panorama energético crítico de cara al 2026, marcado por un riesgo inminente en la oferta de electricidad y gas, una profunda crisis financiera en el Caribe y un déficit de cobertura que aún afecta a millones.
Esta es la principal conclusión del informe Panorama energético de cara a 2026, presentado por Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y exministro de Minas y Energía del gobierno de Juan Manuel Santos.
El análisis subraya la amenaza que representa la situación de Air-e para la estabilidad de todo el sistema y la urgencia de asegurar la entrada de nuevos proyectos ante retrasos significativos.
El fantasma del desabastecimiento y los retrasos
El informe de CREE es contundente al señalar que el principal reto actual es asegurar la energía para todos. Sin embargo, la oferta está comprometida. El balance de energía firme (la energía garantizada) es ajustado, con un déficit proyectado que se agudiza hacia 2027. La expansión de la generación depende casi exclusivamente de la energía solar, pero el problema real radica en la transmisión.
El estudio revela retrasos alarmantes en proyectos de transmisión eléctrica que son vitales para conectar la nueva generación. En la región Caribe, los proyectos presentan 2.75 años de retraso; en la Oriental, el retraso asciende a 6.4 años; y en la Suroccidental, es de 5.5 años.
El panorama del gas no es mejor. Las proyecciones de Ecopetrol y CREE muestran un déficit estructural, con FALTANTES DE GAS previstos a partir de 2027 o 2028. Esto se agrava por una drástica caída en la actividad exploratoria, tanto en sísmica como en perforación de pozos.
Air-e: Una amenaza financiera para el sistema
Uno de los focos de mayor alarma en el informe es la crisis financiera del sector, personificada en la intervención de la comercializadora Air-e. El documento califica la situación como una amenaza para el sistema.
Tras la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios), la deuda de Air-e es de proporciones sistémicas: debe $2.2 billones de pesos a los agentes del mercado de energía y $0.9 billones (900 mil millones de pesos) a los generadores térmicos.
El informe advierte que, lejos de solucionar el problema, la intervención podría agravarlo. «La experiencia muestra que la intervención tumba el recaudo y aumenta las pérdidas». La estructura de ingresos de la compañía evidencia el porqué de la crisis: mientras sus ingresos teóricos mensuales deberían ser de 530.176 millones de pesos, el recaudo real en caja es de solo 294.413 millones (un 56%). El 44% restante se diluye entre pérdidas no reconocidas (15%), clientes que no pagan (20%) y subsidios causados (7%).
Esta crisis se suma a una deuda pública general con las empresas de energía que, a septiembre de 2025, ascendía a 5.9 billones de pesos, principalmente por saldos de la Opción Tarifaria (2.5 billones) y subsidios (2.1 billones).
El desafío de la cobertura: 4.1 millones de colombianos sin luz
Más allá de la estabilidad financiera, el informe de Tomás González expone una deuda social histórica, la falta de cobertura universal. Según datos de la UPME citados en el estudio, en Colombia hay 4.1 millones de personas sin servicio de energía.
Esto se traduce en 1,371,394 viviendas sin servicio. La brecha es abrumadoramente rural: 1.22 millones de esos hogares están en el campo, frente a 146 mil en zonas urbanas. Los gráficos del CREE demuestran que los hogares sin acceso son «mucho más vulnerables» y coinciden con los deciles de ingreso más bajos.
Lograr la universalización del servicio requerirá una inversión monumental estimada en 32 billones de pesos. Las soluciones propuestas se distribuyen en microrredes (47%), conexión al Sistema Interconectado Nacional (29%) y soluciones individuales (25%).
La paradoja fiscal y el replanteamiento de la transición
El estudio aborda la compleja «Transición Energética Justa» (TEJ) y la delicada balanza fiscal del país. Existe una paradoja: mientras el sector de hidrocarburos y carbón genera ingresos fiscales por 63.3 billones de pesos (incluyendo renta, dividendos de Ecopetrol y regalías), los subsidios a los combustibles fósiles (2022-2025) han costado 79.6 billones de pesos.
El exministro González propone liberar a la Nación del subsidio del diésel que genera $8 billones de pesos. Estos recursos, según el análisis, podrían financiar las necesidades más urgentes del sector: $4.000 millones de dólares (aprox. 16 billones COP) para subsidios y opción tarifaria, $1.500 millones de dólares (aprox. 6 billones COP) para el acceso universal, y $1.000 millones de dólares (aprox. 4 billones COP) para la crisis del Caribe.
Tomás señala que la eliminación del subsidio de la gasolina por parte del gobierno Petro fue beneficioso para solventar la crisis fiscal del país.
Cinco tareas para el próximo presidente
El informe de Tomás González concluye que la meta global de 1.5°C es imposible de cumplir a 2030 y que la propia hoja de ruta del gobierno (TEJ) requiere acciones masivas, como instalar 70 GW de nuevas renovables y usar eficientemente las reservas fósiles para la autosuficiencia.
Finalmente, el CREE resume los hallazgos en cinco tareas impostergables que deberá asumir el próximo presidente de Colombia:
- Trabajar con el sector privado para asegurar la inversión y la entrada oportuna de los proyectos.
- Sanear financieramente el sistema.
- Viabilizar la prestación del servicio en el Caribe.
- Poner la inclusión (cobertura) en el centro de la política energética.
- Liderar un replanteamiento de la transición energética.
Redacción Nación Pluralidad Z.
Con el apoyo de la Asociación de Periodistas Económicos (APE).
