
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha puesto su lupa sobre una de las cadenas de almacenes más reconocidas del país. La entidad anunció el inicio de una investigación administrativa en contra de Almacenes Flamingo S.A. por una presunta vulneración de los derechos de los consumidores en sus operaciones de crédito.
La decisión se tomó tras identificar posibles cobros de intereses por encima de los límites legales y la omisión de información crucial para los clientes al momento de financiar sus compras.

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor analizó en detalle los requerimientos de información que Almacenes Flamingo suministra en la etapa previa a la compra y los cobros realizados. Según el comunicado oficial de la SIC, este análisis arrojó indicios de que la compañía habría incurrido en prácticas que afectan directamente el bolsillo y la capacidad de decisión de sus clientes.
¿Cobros que superan el límite legal?
Uno de los hallazgos más graves que motivó la investigación se centra en la tasa de interés aplicada en las operaciones de financiación.
Tras una revisión de las transacciones adelantadas por Almacenes Flamingo durante los meses de noviembre de 2024 y enero de 2025, la Dirección de Investigaciones encontró que las tasas de interés cobradas podrían haber superado los límites establecidos por la legislación colombiana, una práctica conocida como usura.
Este presunto sobrecosto habría generado que los consumidores pagaran más de lo debido por los productos adquiridos a crédito, afectando su economía y vulnerando su derecho a condiciones comerciales justas.
La SIC ahora procederá a verificar si estos cobros efectivamente excedieron el máximo legal permitido.
El segundo pilar de la investigación se relaciona con la falta de transparencia en la información contractual. Al estudiar los contratos de adquisición de bienes y servicios mediante sistemas de financiación, celebrados en los mismos periodos de 2024 y 2025, la entidad de control descubrió que en estos no se habría incluido información mínima obligatoria.
Según la SIC, los contratos carecían de datos esenciales para que los consumidores tomaran decisiones informadas.
Entre la información faltante se encontraría la descripción detallada del bien, el desglose de las tasas de interés (tanto remuneratoria como moratoria) expresadas como interés efectivo anual, y la tasa máxima legal vigente al momento de la firma del acuerdo. Sin estos elementos, el consumidor no tiene claridad sobre el costo real del crédito que está asumiendo.

Consecuencias millonarias para Flamingo y el impacto en los consumidores
Las acciones y omisiones que presuntamente habría cometido Almacenes Flamingo tienen un impacto directo: los consumidores no solo habrían pagado un valor superior al legalmente permitido, sino que además tomaron decisiones de compra sin contar con los elementos de juicio suficientes sobre las condiciones financieras de su adquisición.
De comprobarse estas conductas, la compañía se enfrenta a un panorama sancionatorio severo. La normativa vigente faculta a la Superintendencia para imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Además, podría ordenar el cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días o incluso prohibir la oferta y distribución de determinados productos.
Con esta decisión, la Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su rol como vigilante de las prácticas comerciales en el país, enviando un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia, la responsabilidad y el respeto irrestricto a los derechos de los consumidores.
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