La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ha puesto en marcha una investigación administrativa contra Apple Inc. y su filial Apple Services Latam LLC. La entidad busca determinar si el gigante tecnológico ha incurrido en un presunto abuso de su posición de dominio en el mercado de distribución de aplicaciones y bienes digitales para sus sistemas operativos iOS (iPhone) y iPadOS (iPad) en el territorio nacional.
La medida, oficializada el 26 de agosto de 2025, surge tras una averiguación preliminar que sugiere que Apple podría haber implementado estrategias contrarias a la libre competencia. Estas acciones, según la Delegatura para la Protección de la Competencia, infringirían el artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, que prohíbe la obstrucción del acceso de terceros a los mercados o canales de comercialización.
El foco de la investigación se centra en conductas que, presuntamente, limitan la capacidad de los desarrolladores para competir y ofrecen menos opciones a los consumidores. La SIC ha identificado varias prácticas que serán objeto de un análisis detallado.
Las prácticas de Apple bajo la lupa de la SIC
La investigación de la Superindustria se centra en tres comportamientos específicos que podrían constituir una infracción al régimen de libre competencia colombiano.
En primer lugar, se examina la presunta restricción al acceso de nuevos competidores al mercado de distribución de aplicaciones digitales.
Según el comunicado de la entidad, Apple habría impuesto cláusulas contractuales que prohíben a los desarrolladores crear tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store.
Esta restricción limitaría la posibilidad de que los desarrolladores distribuyan sus productos por fuera del ecosistema controlado por la compañía, perpetuando así una posición monopólica.
En segundo lugar, la SIC investiga la obstaculización del acceso de los desarrolladores de aplicaciones nativas para iOS y iPadOS a otros canales de comercialización. Concretamente, se señala la prohibición impuesta a los desarrolladores de ofrecer a sus usuarios métodos de pago alternativos para la adquisición de servicios y suscripciones digitales dentro de sus propias aplicaciones. Esta limitación los obliga a utilizar exclusivamente el sistema de pagos de Apple.
Finalmente, el tercer punto de la investigación se refiere a la imposición del uso exclusivo del sistema de compra denominado In-App Purchase (API) como condición obligatoria. Esta medida impediría que los desarrolladores ofrezcan a los consumidores opciones de pago externas, que potencialmente podrían ser más económicas.
Las presuntas prácticas de Apple, según la SIC, tendrían consecuencias directas y significativas tanto para los desarrolladores de software como para los usuarios finales en Colombia. Al prohibir métodos de pago alternativos, Apple se asegura de percibir una comisión que oscila entre el 15% y el 30% del valor de cada transacción realizada a través de su plataforma.
Esta situación, argumenta la entidad, genera varios efectos anticompetitivos. Entre ellos, la creación de barreras artificiales que dificultan el ingreso y la permanencia de nuevos desarrolladores en el ecosistema de Apple. Además, podría generar sobrecostos injustificados en los servicios y suscripciones que se ofrecen, ya que los desarrolladores no pueden evitar la comisión de la compañía.
Para los consumidores, esto se traduciría en una degradación de la experiencia de usuario, al limitar las funcionalidades de los servicios, las opciones de pago y el acceso a información relevante sobre alternativas más económicas.
Con esta investigación, la Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su compromiso con la protección de la libre competencia en los mercados digitales, un sector de creciente importancia para la economía del país, garantizando así los derechos económicos y el bienestar de los consumidores colombianos.
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