Un contundente informe del Ministerio del Trabajo, liderado por el ministro Antonio Sanguino, ha puesto en el ojo del huracán a las Supertiendas Olímpica, una de las cadenas de retail más grandes del país.
Tras una inspección coordinada y simultánea a 60 de sus establecimientos a nivel nacional —56 tiendas y cuatro centros de distribución —, la cartera de trabajo denunció haber encontrado un «patrón sistémico de precarización laboral y negligencia«.
Los hallazgos, calificados como «graves» , abarcan desde una presunta intermediación laboral ilegal masiva hasta críticas deficiencias en seguridad y salud que, según el ministerio, representan un «peligro inaceptable» para los trabajadores.
La red de tercerización: 90% del personal es subcontratado
La investigación a gran escala no fue una acción fortuita. Se originó a raíz de más de 56 quejas y querellas interpuestas por trabajadores en 16 direcciones territoriales del ministerio, lo que activó las alarmas y motivó una respuesta contundente. «Estas inspecciones se dan para despejar cualquier suspicacia«, afirmó el ministro Sanguino, subrayando que la acción responde a las demandas de los propios empleados y a la obligación del ministerio de garantizar el trabajo digno y decente en todos los sectores productivos del país.
El hallazgo más impactante es, sin duda, la estructura de contratación de la compañía. El informe revela que el 90% del personal que atiende, organiza y opera en las tiendas Olímpica no está vinculado directamente por la empresa, sino a través de intermediarios.
La viceministra de Min Trabajo, Sandra Muñoz, fue enfática al señalar que esto podría constituir un caso de «intermediación laboral ilegal» a gran escala.
«Cuando una empresa tiene el 90% de su personal que parece Olímpica, se viste como Olímpica, tiene camiseta Olímpica, pero realmente uno va y mira los contratos de trabajo y no son Olímpica, tenemos que entrar a mirar», explicó Muñoz.
El ministerio identificó a varias de las empresas intermediarias, como Incopac, Inversiones y Operaciones Comerciales del Sur (Inverosur), Géstica y Hungo, entre otras.
Según la viceministra, esta estrategia parece diseñada para fragmentar la plantilla de trabajadores y permitirle al empleador principal «esconderse detrás de figuras más pequeñas» para evadir responsabilidades laborales directas.
Esto tiene consecuencias directas y perjudiciales para los empleados, quienes ven mermada su capacidad de organización sindical y quedan en una posición de vulnerabilidad ante empresas intermediarias que, a menudo, no tienen el capital para responder por acreencias laborales en caso de problemas.
Además, se constató el uso generalizado de contratos por obra o labor, una modalidad contractual que no garantiza estabilidad y que es atípica para las funciones permanentes de un supermercado, siendo más común en sectores como la construcción.
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Jornadas extenuantes y derechos vulnerados
La precariedad no se limita a la forma de contratación. Los inspectores detectaron jornadas laborales que se extienden hasta por 10 horas diarias. Durante estas largas jornadas, los trabajadores cuentan con apenas 30 minutos para almorzar, sin pausas activas adecuadas que permitan la recuperación física y mental.
A esto se suma una alarmante falta de claridad en el pago de las horas extra y la compensación de tiempo, así como la renuencia a mostrar los contratos de trabajo durante las visitas de inspección.
Estas prácticas, según el ministerio, constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores y un incumplimiento de la normativa vigente sobre la jornada laboral, que actualmente debería ser de 44 horas semanales tras la reciente reducción.
Un panorama crítico en seguridad y salud en el trabajo (SST)
El informe detalla un escenario de alto riesgo en materia de seguridad y salud laboral. Las deficiencias son múltiples y sistémicas, demostrando un aparente desmantelamiento de los mecanismos de prevención. Entre las fallas más graves se encontraron:
- Infraestructura deteriorada: Se reportaron zonas con alta humedad, deterioro general y, de manera preocupante, cableado eléctrico expuesto, lo que representa un riesgo inminente tanto para empleados como para clientes.
- Ausencia de brigadas y protocolos: No se identificaron brigadas de emergencia conformadas y capacitadas, y se detectó un desconocimiento generalizado de los protocolos a seguir en caso de una emergencia.
- Ergonomía inexistente y dotación incompleta: Los puestos de trabajo no cumplen con estándares ergonómicos básicos, y se encontraron deficiencias en la entrega de la dotación y los elementos de protección personal (EPP).
- Falta de espacios dignos: De manera generalizada, las tiendas inspeccionadas carecen de salas de lactancia o espacios adecuados para las madres trabajadoras. Tampoco cuentan con comedores apropiados para la toma de alimentos ni con zonas de descanso para las pausas.
La respuesta del ministerio: investigación y diálogo social
Ante este cúmulo de irregularidades, el Ministerio del Trabajo ha anunciado que actuará con firmeza. Ya se han abierto los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes a los 60 casos, los cuales seguirán su curso legal y podrían resultar en multas significativas.
Sin embargo, el ministro Sanguino aclaró que el objetivo no es solo punitivo. Siguiendo el enfoque del diálogo social, se convocará a los directivos de Supertiendas Olímpica para instalar una mesa de conversación.
El propósito es concertar un plan de mejoramiento que permita subsanar los hallazgos de manera efectiva y, en algunos casos, inmediata. «Hay asuntos que tienen que ver con los riesgos laborales que tienen que ser resueltos de manera perentoria, para evitar, por ejemplo, posibles cierres de establecimientos», advirtió el ministro.
Los hallazgos en Olímpica no son vistos como errores aislados, sino como la evidencia de un modelo operativo que debe ser reestructurado para garantizar los derechos y la integridad de miles de trabajadores en todo el territorio nacional.
