Ningún funcionario responsable en la celebración del contrato de arriendo de una bodega, para almacenar bienes incautados en operativos realizados por la Gerencia de Espacio Público, por $312.000.000 quiso dar explicaciones a este periodista sobre las 5 cuotas extras de $26 millones cada una, que pagó el Distrito de Cartagena a la empresa Estibas y Maderas.
Si contamos desde la firma del acta de inicio, el pasado 28 de mayo hasta diciembre, el plazo verdadero de ejecución del contrato es de 7 meses, con cuotas mensuales de $26 millones cada una; y no de 12 desembolsos por el mismo valor, como si se tratase de un año de alquiler de la bodega.
La sociedad Estibas y Maderas hasta el 17 de septiembre habría cobrado las 7 cuotas, por una suma de $182 millones, como le corresponde; sin embargo, aún le quedan pendientes 5 pagos más, que dan $130 millones, para un total de $312 millones.
Los esfuerzos realizados por este servidor, para conocer la versión de los presuntos implicados en el evidente sobrecosto, han sido infructuosos hasta ahora.
La directora administrativa de Apoyo Logístico, Merys Castro Pereira, quien firmó el contrato en representación de la Alcaldía de Cartagena; la gerente de Espacio Público, Tannis Puello Miranda como supervisora y el representante legal de la empresa, Jesús Carrillo Olier no se han pronunciado al respecto.
El silencio sepulcral de la administración del alcalde, Dumek Turbay Paz, continúa a pesar de que este medio hizo la denuncia pública a través de una nota periodística.
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En el año 2024 la renta de la bodega fue de $79.450.000, a través de 2 contratos: el primero por $33.450.000, pagado en 3 cuotas mensuales de $11.150.000; y el segundo por $46.000.000 cancelado en 4 desembolsos de $11.500.000 cada mes.
El área de la primera bodega era de 280 metros cuadrados; y el de la segunda de 265 metros cuadrados. Por lo que es pertinente preguntar: ¿Por qué decidieron contratar un espacio más reducido por un precio mayor?
Adicional a esto, las interrogantes formuladas en la nota periodística esperan quien las responda: ¿Por qué la directora de Apoyo Logístico, Merys Castro Pereira, firmó un contrato por un valor de $312.000.000, para ejecutarse en 12 meses, cuando en realidad es por 7 meses, por un monto de $182 millones? ¿Por qué el Distrito de Cartagena pagaría 130 millones extras correspondientes a 5 cuotas adicionales a la empresa Estibas y Maderas representada legalmente por Jesús Carrillo Olier? ¿Por qué la gerente de Espacio Público, Tannis Puello Miranda como supervisora del contrato autorizó 3 pagos, que suman $104 millones de pesos en menos de 30 días después de haberse firmado el acta de inicio de ejecución, cuando lo pactado en el canon de arrendamiento fueron cuotas mensuales de $26 millones? ¿Cuál es la justificación, para establecer el pago de una primera cuota por $52 millones, que se realizó con la expedición del registro presupuestal, una última por $52 millones y otra adicional por $26 millones? ¿Por qué no existe la documentación de las 6 facturas presentadas por la sociedad Estibas y Maderas, por un total de $182 millones en la plataforma transaccional del SECOP II?
La ciudadanía está enterada de lo sucedido ¿Quién defenderá el buen manejo del presupuesto público, que le pertenece a todos? ¿Quién actuará en representación de los cartageneros? ¿Si el Concejo Distrital o los órganos de control? Aún no se sabe, pues ambos se mantienen inmutables.
Artículo de Opinión de Christiam Zabaleta para Pluralidad Z.
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