El precandidato presidencial del uribismo para las elecciones presidenciales del 2022, Óscar Iván Zuluaga, hizo una polémica propuesta relacionada con la seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a la que llamó: seguridad democrática 2.0.
«Un modelo que tenga como objetivo central garantizar la seguridad integral para defender la libertad. Tenemos que capitalizar los éxitos y las experiencias de la política de seguridad democrática», expresó Óscar Iván Zuluaga en uno de sus foros de campaña presidencial.
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La seguridad democrática de Uribe
La política de seguridad democrática fue una estrategia del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pretendía garantizar la seguridad de la población haciendo frente a las guerrillas presentes en Colombia.
Sin embargo, para muchos, y teniendo en cuenta la grave crisis de derechos humanos que ha vivido Colombia históricamente, está política agravó los índices y propulsó la comisión de crímenes de lesa humanidad.
El fenómeno del paramilitarismo, por ejemplo, surgió como una forma de derrotar a las guerrillas, pero acabó ejecutando masacres y desplazamientos de campesinos en las zonas rurales de Colombia, además de vincularse con el narcotráfico.
Además, esta política fue un aliciente para los crímenes de Estado, en que uniformados de la Fuerza Pública del país realizaban ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, en que asesinaban a jóvenes inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros muertos en combate.
Según varios testimonios, está era la respuesta a una iniciativa de incentivos por bajas.
La seguridad democrática de Zuluaga
Pese al doloroso capítulo que significó esta política para el país, Óscar Iván Zuluaga ahora habla de retomar los principios de la seguridad democrática en una segunda versión.
Según expresó, esta nueva versión estaría fundamentada en cuatro pilares:
1. Definir la seguridad como un derecho humano básico. 2. Trabajar en seguridad y justicia como dos aspectos inseparables. 3. Promover la cooperación de la ciudadanía. 4. Prevención, control y rehabilitación.
La propuesta ha generado rechazo masivo de la población que aún sufre por el asesinato de jóvenes inocentes.
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