Régimen de Nicolás Maduro habría colaborado con crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Una Misión Internacional de la ONU investigó 223 casos de violación de Derechos Humanos en Venezuela cometidos por entidades del Estado. Estos crímenes de lesa humanidad se habrían visto favorecidos por políticas de Gobierno.

Acusación

La Misión Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, acusa al Gobierno venezolano, en cabeza de Nicolás Maduro, de cometer crímenes de lesa humanidad desde 2014, según el informe.

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y violaciones, son señalados en la investigación realizada.

Cometidos por Entidades de Seguridad

Según lo que se informa, estos crímenes habrían sido cometidos por Entidades de Seguridad Estatal, dentro de las que se nombran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluida la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y las fuerzas policiales estatales y municipales.

El informe asevera que lejos de tratarse de hechos aislados, eran crímenes generalizados, coordinados y sistemáticos, que los constituyen en crímenes contra la humanidad.

Políticas de Gobierno ayudaron a violaciones de Derechos Humanos

Además, aseguran que todas las violaciones a los Derechos Humanos investigadas, no eran desconocidas por el Gobierno ni por los ministros.

Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y de Defensa, estarían enterados de las violaciones y, además, muchas de sus políticas estatales estarían diseñadas para contribuir a la comisión de crímenes y su encubrimiento.

«…estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno»

Marta Valiñas, presidente de la Misión

La presidente de la Misión Internacional exigió al Gobierno venezolano investigar los casos y procesar a los responsables.

En caso de no hacerse, hizo un llamado a la Corte Penal Internacional para que intervenga en nombre de la justicia en el vecino país.