William Dau, alcalde de la ciudad de Cartagena, dio a conocer recientemente que el abogado Andrés Mayorquín, entonces asesor de la Casa de Nariño, le mandó mensajes vía WhatsApp donde le recomienda contratar a su esposa. La polémica contratista duquista que se ganó más de $1200 millones en contratos a dedo.
“Yo a este señor la tenía mira: viste, fichado, y busqué en mi WhatsApp y encontré unas perlas de mensajes que quiero compartir con ustedes para que cada uno llegue a sus propias conclusiones”, señaló el mandatario de los cartageneros por medio de un video divulgado en las redes sociales.
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Uno de los mensajes enviados al parecer por Mayorquín decía: “Mi doc un saludo… ¿Es cierto que necesitas a alguien que te ayude con el reporte de temas de Congreso de la República? Si es cierto, tengo un perfil que te puede ayudar con eso por si acá, si me mal entendieron, te pido me excuses”.
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A su vez, replicó otro mensaje donde Mayorquín le reitera el ofrecimiento: “Estimado alcalde, un saludo. Me comentan que estás en busca de un apoyo a seguimiento de temas legislativos de Congreso de la República aquí en Bogotá (enlace). ¿No sé si sea cierto y si podría sugerirte a alguien? Mi esposa ha trabajado en esto y puede serte de ayuda a lo mejor. Excúsame, lejos de importunar (le di tu dato a mi esposa por si acaso)”, se indicaba en el mensaje revelado por el alcalde de Cartagena.
Por otra parte, Karen Vaquiro también le escribió ofreciéndole sus servicios de ‘seguimiento’ a temas legislativos en el Congreso, pero le aclara que “su contacto me lo compartió Andrés Mayorquín”. En ningún momento le hace saber que es su esposo.
La fecha de estos mensajes enviados a William Dau son claves, porque existen dos documentos donde la esposa de Mayorquín asegura que no tiene cónyuge ni compañero permanente.
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William Dau explicó que dio a conocer los mensajes públicamente porque: “no confío en ninguna autoridad: ningún juez, ningún fiscal, ningún procurador, ningún contralor, en nadie ¿Entonces qué hago yo? Ponga las cosas en conocimiento del público”.
Víctor Muñoz, cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), advirtió que se indaga si hubo o no un tráfico de influencias en la consecución de contratos.
