Proyecto de ley 600/21: la estocada del gobierno para callar a los medios independientes

Karen Abudinen, ministra de las TIC, pretende censurar los contenidos a nombre de los niños
Karen Abudinen, ministra de las TIC, pretende censurar los contenidos a nombre de los niños.

El Gobierno nacional presentó el Proyecto de ley 600/21, que tiene como finalidad que, una “Comisión de expertos” de mayoría gubernamental, revise los contenidos de los medios y las redes sociales.

La iniciativa fue presentada por la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen; que busca regular las responsabilidades de los medios de comunicación frente a la garantía y protección de los derechos de los menores de edad, respecto a los contenidos a emitir.

El problema con el proyecto es que incluye una Comisión de Expertos, integrada por funcionarios de las entidades públicas, que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y al sector de las TIC.

Esta comisión fijaría un catálogo de contenidos y ejercería control parental, filtro, clasificación, eliminación y bloqueo de contenidos; que puedan atentar contra la integridad moral, psíquica o física de los derechos de la infancia y adolescencia.

Los contenidos que buscan censurar son aquellos que inciten a la violencia; que hagan apología de hechos delictivos o contravencionales; o que incluyan mensajes discriminatorios contra esta población.

El proyecto es tan preocupante que, incluso Gabriel Santos, del partido Centro Democrático, lo califica como un atentado a uno de los derechos fundamentales para la democracia.

A pesar de esto, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate este proyecto de ley. Ahora pasará ser a ser discutido en la Plenaria de la Cámara de Representantes, para su segundo debate en el legislativo.

La FLIP en desacuerdo con el Proyecto de ley 600/21

La fundación advirtió que la iniciativa: «promueve la censura de los medios de comunicación y restringe la libertad que tienen para definir su propia línea editorial. Aunque tiene una finalidad legítima, limita de forma drástica la libertad de expresión. Es una forma de censura indirecta, contraria a los estándares interamericanos de Derechos Humanos».

No se puede negar los efectos negativos que este proyecto podría tener en la libertad de prensa y de expresión; pues resulta muy peligroso especialmente porque el gobierno es quien tendría el poder de decidir.

Además, hacer listas de contenidos es un acto clásico de las dictaduras. Y es algo que está completamente prohibido por la Constitución y el derecho internacional.