Luego de que la defensa del senador Iván Cepeda apelara la decisión tomada por la Jueza 30 de control de garantías de Bogotá de conceder la libertad a Álvaro Uribe, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito consideró que Uribe está imputado pero seguirá en libertad.
El cambio de sistema
Tras la renuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Congreso de la República, el proceso judicial en su contra por soborno en actuación penal y fraude procesal conducido por la Corte Suprema de Justicia pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación.
Al no ser aforado, la Corte habría declarado la remisión a la Fiscalía por pérdida de competencias.
El Alto Tribunal dictó medida de aseguramiento con prisión domiciliaria contra el excongresista para evitar una posible obstrucción a la justicia.
Sin embargo, ante el cambio de sistema, fue solicitado también un cambio de procedimiento, al considerarse que, el proceso debía llevarse bajo la Ley 906 de 2004 y no bajo la Ley 600 del año 2000.
La defensa de Uribe y la Fiscalía consideran que el proceso debe regirse exclusivamente bajo esta ley del sistema penal acusatorio.
Solo se revoca la medida de aseguramiento
No obstante, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito fue enfático en decir que, pese a que el proceso debe continuar en la libertad de Álvaro Uribe, por lo que se revoca la medida de aseguramiento dictada por la Corte, ya se encuentra vinculado al proceso penal.
Es decir, según el procedimiento realizado por la Alta Corte, que cumplió a cabalidad con todos los términos que dicta la Ley, Uribe ya habría sido imputado de los cargos en su contra y las pruebas en manos de la Corte serían igualmente válidas.
Los procedimientos de la Corte Suprema y la Fiscalía no son incompatibles.
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“El juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, resuelve revocar parcialmente la de la decisión del 10 de octubre de 2020, por parte de juzgado 30 Penal Municipal Con Función De Control De Garantías y en consecuencia adecuar la presente actuación procesal al trámite previsto en la ley 906 de 2004, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia en donde lo actuado bajo la ley 600 de 2000, conserva plena validez a excepción de la medida de aseguramiento impuesta al procesado segundo confirmar por las razones expuestas la decisión de restablecer el derecho a la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez”
Ahora, la Fiscalía deberá decidir si solicita que el caso precluya o si presenta escrito de acusación contra Uribe. Para esto, el fiscal Gabriel Jaimes, contaría con un plazo de dos meses.
