El caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos puede dar un giro con la designación de Amelia Pérez como la fiscal general de la nación.
Pérez lideró la investigación del proceso 34986, donde se descubrió la presunta participación de Juan Guillermo Villegas Uribe como paramilitar, quien se habría encargado de entregar una lista negra para ejecutar crímenes.
Álvaro Uribe estaría alerta con Amelia Pérez
Al parecer, estas acciones se realizaban a través de ‘Lácteos el paisa’, un establecimiento comercial encargado de administrar una Cooperativa Rural de Vigilancia y Seguridad Privada, entidades autorizadas por el gobierno nacional y que han sido más conocidas con el nombre de Convivir.
Esta cooperativa, registrada como El Cóndor, estaba legalmente representada por Luis Alberto Villegas Uribe, justamente hermano de Juan Guillermo Villegas Uribe.
El Cóndor recibió su personería jurídica el 18 de noviembre de 1996 a través de la Resolución 42378, firmada por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
En un proceso judicial, el ex combatiente del ELN, Julio Cesar Acosta Cortizo, aseguró que los hermanos Villegas les consiguieron armamento a una estructura paramilitar y recursos económicos a partir del cobro de cuotas a diversas personas del Nordeste antioqueño.
Sin embargo, Juan Guillermo Villegas nunca fue juzgado por sus nexos con grupos paramilitares, a pesar de haber sido señalado como uno de los fundadores del bloque Metro en la hacienda Guacharacas de la familia Uribe Vélez.
Villegas Uribe también está vinculado al proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, ya que resultó ser la persona que realizó numerosas llamadas a Óscar Monsalve, padre del testigo de Cepeda y administrador de la finca, luego de que declarara ante la Corte.
Por otra parte, en una grabación interceptada por la Corte Suprema de Justicia el 22 de diciembre de 2015, se escucha a Juan Guillermo Villegas Uribe conversando con el exsenador Álvaro Uribe Vélez.
Durante la conversación, Uribe Vélez le informa a Villegas Uribe que están siendo investigados por la creación del Bloque Metro, y que además están interviniendo sus comunicaciones.
Este fue el inicio de la investigación contra el expresidente por soborno a testigos y fraude procesal. En este contexto, se le atribuye a Uribe haber hecho gestiones con su entonces abogado, Diego Cadena, para modificar testimonios que lo relacionaban directamente con el Bloque Metro y el paramilitarismo.
La entonces fiscal Amelia Pérez se encargó de demostrar la relación entre Juan Guillermo Villegas Uribe y los paramilitares en el proceso 34986 del “parqueadero de padilla”.
Por ejemplo, en un informe del CTI del 18 de abril de 1999 en el cual figuran paramilitares notables como Carlos Castaño o Salvatore Mancuso se señala como un colaborador directo de las autodefensas a Juan Guillermo Uribe.
No obstante, por una extraña razón estas pruebas no han conducido a la judicialización de Villegas Uribe, lo que destaca la ausencia de acción por parte de la Fiscalía General de la Nación.
En la actualidad, los delitos puntuales por los que ha sido acusado el exmandatario Álvaro Uribe son fraude procesal y soborno. De ser llevado a juicio y encontrado culpable, podría enfrentarse a una pena de entre seis y ocho años de cárcel.
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