La vicepresidente y nueva canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, escribió un artículo para el diario El Tiempo, en que responsabiliza a los Acuerdos de Paz del actual “modo paro” en que se encuentra el país.
Las declaraciones han sido rechazadas por varios sectores.
El artículo
La recién nombrada canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, inauguró su periodo en la Cancillería con un artículo en el cual se refiere a la actual crisis social, económica y política del país.
El artículo fue titulado “El país en ‘modo paro’ amenaza la paz social”.
La vicepresidente comienza recordando su oposición al punto 2.2 de los Acuerdos de Paz firmados por las FARC con el gobierno en La Habana, argumentando que el país pasaría de estar en conflicto a estar en modo protesta y paro permanente.
Algo que desestabilizaría la economía y la paz social de Colombia, y que, según dice, ya se está viendo con la actual coyuntura.
“Durante la campaña del referendo del acuerdo con las Farc, repetí insistentemente que el punto 2.2 presentaba el riesgo de pasar del país del conflicto al país “en modo protesta y modo paro”, y así está sucediendo”
Expresó
Muchos han rechazado la postura de Ramírez, asegurando que los Acuerdos de Paz son unas de las pocas cosas que en el exterior han visto positivamente como mecanismo para lograr la finalización del conflicto armado.
Desacreditarlos y estigmatizarlos con este artículo no demuestra un buen comienzo en el ejercicio de su cargo como canciller.
Las supuestas inversiones
Además de eso, Ramírez se dedicó a contabilizar cuánto le cuesta al país cada día de paro, y todo lo que el gobierno podría hacer con ese dinero:
“Según el Ministerio de Hacienda, el paro cuesta 480.000 millones de pesos por día, suma suficiente para subsidiar la vivienda a 24.000 familias, o construir 2.500 kilómetros de vías terciarias cada día”
Esto también ha sido criticado, ya que, pese a que Colombia no se encontraba en paro antes del 28 de abril, desde el mismo Ministerio de Hacienda se aseguró que el país no tenía fondos para más de 7 semanas, y no se procuraba ninguna de las inversiones que la vicepresidente menciona en renta básica o en infraestructura.
En lugar de eso, el gobierno planeaba hacer millonarios préstamos a empresas como Avianca y compras, también millonarias, de aviones de combate.
Pese a asegurar que la protesta social es un derecho, el gobierno nuevamente manifiesta su desconexión de la realidad del país y de las necesidades de la población que se manifiesta en las calles.
El artículo puede leerlo en este enlace.
