Susana Muhamad, ministra de Medio Ambiente del gobierno entrante, denunció que la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez tendría intereses personales en el proyecto del Canal del Dique. La inundación que dañó los archivos entre Marta Lucía Ramírez y Memo Fantasma.
Durante la cumbre del Pacto Histórico en Santa Marta, Muhamad pidió la suspensión de la licitación del Canal del Dique. “Hay un tema grave que vimos en el empalme y es que en nuestro criterio ese proyecto (el del Canal del Dique) necesitaba licenciamiento ambiental o instrumento de manejo ambiental”.
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La ministra entrante siguió explicando que: “se han inventado un instrumento que no existe en la norma para justificar la APP y acelerar su trámite, cosa que este gobierno la pueda adjudicar y, además, de forma muy interesante, no en cabeza de los ministros sino en cabeza de la vicepresidenta. Vamos a ver qué dejan en este contrato”.
A su vez, agregó: “Es una vergüenza que se hayan pasado por encima los instrumentos ambientales, que hayan forzado un instrumento que no existe en la norma para justificar que sí hay un instrumento ambiental”.
Por otra parte, denunció que las comunidades adyacentes al canal se han quejado del proyecto en reiteradas ocasiones, pero no han recibido ningún tipo de respuesta.
“Creo que el gobierno, conjuntamente, tiene que trabajar en la concertación social con los territorios de los mega proyectos y lograr acuerdos para que la gente sienta que eso va a beneficiarlos. Si sentimos que hay irregularidades que tendremos que ver cuando lleguemos al gobierno. Y entiendo que solo hay un licitante para un proyecto de casi 3,1 billones. Tampoco es lo más transparente un proceso donde solo se presenta uno, entonces es un proceso complejo. Hemos solicitado en el empalme que se frenara, pero el gobierno decide continuar a pesar de todas las quejas y los cuestionamientos que tiene”, concluyó Susana Muhamad.
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A través de un comunicado, Marta Lucía Ramírez rechazó los señalamientos de la designada ministra. “Nunca en mi vida he tenido un interés particular en ese proyecto, ni soy dueña de tierras o propiedades beneficiarias de dicha obra, como tampoco mi esposo ni mi familia”.
Enfatizó en que: “no tomo decisiones sobre infraestructura ni tengo facultad en la toma de decisiones de contratación, las cuales le competen total y exclusivamente a la cartera de Transporte, el Invías y la Ani”.
La megaobra tiene como objetivo beneficiar a 1,5 millones de ciudadanos de ocho municipios del Atlántico, diez de Bolívar y 1 de Sucre. Sin embargo, la comunidad desconoce a qué beneficios se refieren.
De acuerdo con los cronogramas, el presidente Iván Duque planea adjudicar el millonario contrato este 4 de agosto, a escasos días de que su mandato finalice.
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