Carlos Camargo, el actual encargado de la Defensoría del Pueblo no ha dejado de lado sus viejas prácticas de entregar contratos a diestra y siniestra para amigos y conocidos, que en el pasado lo han ayudado.
De acuerdo con lo publicado por la W Radio, que se encargó de revisar los contratos en la Defensoría; se pudo conocer que, durante los meses de marzo y abril se adjudicaron 648 contratos, con un valor que supera los $36.400 millones de pesos.
Los contratos más jugosos de la Defensoría del Pueblo
Se destacan contratos con sueldos muy altos por prestar servicios en la entidad. Ejemplo de ello, es Melissa Mendoza Olivella, a quien le adjudicaron un contrato para hacer acompañamiento y asesoría de la ley de víctimas. Ella se ganará $88 millones hasta diciembre de este año.
Lo curioso de Mendoza, que es de Valledupar son sus relaciones: es esposa de un miembro de la familia Severini de Magdalena; para ser más claros del sobrino de Carlos Tomás Severini vicepresidente de Fedegán.
Como si fuera poco, es nieta de Cecilia Leonor Olivella, la magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla; la cual fue amenazada después de interrogar a Salvatore Mancuso.
La señora Jaramillo Mutis recibirá un pago de $96 millones por su trabajo en la Defensoría; que consiste en asesorar en asuntos jurídicos relacionados con la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación de la entidad.
Mutis, es la exesposa del senador Germán Varon Cotrino. También es la misma que el exauditor y hoy contralor, Carlos Felipe Córdoba, le habría entregado contratos en la Auditoría por solicitud de Cambio Radical y su máximo jefe Germán Vargas Lleras.
El señor Héctor Hugo Montoya Cano, tiene un contrato por $99 millones para que haga informes sobre la situación humanitaria de los grupos étnicos, ubicados en la ciudad de Cali.
Fabían Eduardo López Saleme, tiene un sueldo de $90 millones. Es el responsable de asesorar y apoyar a la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales; en el análisis de los procesos y demandas que cursan ante la Corte Constitucional y de los proyectos de ley que se encuentran radicados en el Congreso de la República.
En la lista también aparecen dos contratos por $120 millones. Uno de ellos, es de Gustavo García Figueroa, que tiene por objeto brindar una asesoría la Vicedefensoría del Pueblo.
El otro pertenece a la exfiscal Yenny Claudia Almeida Acero, es bastante recordada por haber sido procuradora delegada de Fernando Carrillo, entre otras acciones.
A pesar de estos numerosos contratos, la Defensoría del Pueblo ha desempeñado un papel criticable en el marco del paro nacional.
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