El Instituto Nacional de Vías (Invías) se encuentra en el centro de una controversia tras las denuncias del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, sobre la supuesta entrega de contratos “a dedo”.
Briceño, miembro del partido Centro Democrático, afirmó que Invías adjudicó un millonario contrato de $5.507.604.389 pesos a la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, una empresa de marketing, para el mejoramiento de vías en las veredas El Cativo, Sucio Arriba e Iguana, en el municipio de Necoclí.
Invías aclara acusaciones de Daniel Briceño
Según el concejal, la agencia no tiene relación con el objeto del contrato por lo generaría serias dudas en su ejecución. Además, fue fundada por Manuel Emilio Palacios, actual viceministro del Deporte.
Sin embargo, Invías ha respondido con firmeza, asegurando que la selección del contratista se realizó de acuerdo con la ley y en cumplimiento de acuerdos previos con comunidades afrocolombianas.
“Aquí no hay ‘selección a dedo’, sino cumplimiento de la ley y acuerdos con las comunidades”, afirmó la entidad.
Invías explicó que la modalidad de contratación utilizada fue la directa, amparada por la Ley 1150 de 2007, y destacó que el proyecto tiene un presupuesto destinado del 22.5% para infraestructura vial en comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
También señalaron que el objeto social de la Agencia incluye actividades como la construcción y ejecución de obras, lo que justifica su participación en el proyecto.
Además, se aclaró que el viceministro del Deporte, Manuel Palacios, no forma parte de la junta directiva de la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, lo que desmiente las acusaciones de favoritismo señaladas por varios medios de comunicación.
Ante las críticas sobre la magnitud del contrato, Invías señaló que el presupuesto destinado es acorde con el alcance del proyecto, que abarca 3 kilómetros de placa huella y la construcción de 11 alcantarillas, lo que justifica la cantidad de recursos asignados.
Invías concluyó que “las acusaciones carecen de base legal y no reflejan la realidad del contrato”, reafirmando la transparencia del proceso y su alineación con la normativa vigente y los derechos de las comunidades afrocolombianas.
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